Oro negro y conflicto de intereses
Fuente: http://www.sflbarcelona.org/canarias-oro-negro-y-conflicto-de-intereses/
El pasado viernes, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciaba que en los próximos días Repsol tendrá luz verde para dar inicio a los sondeos en busca de petróleo en las proximidades del archipiélago canario. Mes y medio antes, a 25 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitía un informe de “Declaración de Impacto Ambiental Favorable”, para dar así el visto bueno al proyecto de la multinacional española. En caso de cumplirse las expectativas sobre los yacimientos de crudo, la explotación daría lugar a una cantidad de entre 140.000 y 150.000 barriles diarios, que supone entre un 11% y un 15% de las necesidades de consumo de España (sin considerar el cuantioso botín fiscal que implicaría gravar los beneficios derivados de un petróleo que cotiza, en promedio, alrededor de los 110 dólares por barril).
Sin embargo, ni la perspectiva de crear 52.000 puestos de trabajo en unas Islas Canarias donde la tasa de paro alcanza el 30%, ni los 13.000 millones de dólares que Repsol planea invertir, parecen un plato del gusto del Ejecutivo insular, capitaneado por Paulino Rivero de Coalición Canaria, que ve en la explotación petrolera un peligro para la principal actividad económica de la región: el turismo.
El problema, empero, discurre por otros derroteros. Los derechos de propiedad de las aguas que albergan los yacimientos son un perfecto ejemplo de una mala asignación de los mismos, por cuanto la decisión sobre qué criterio debe primar (explotar el yacimiento o preservar el medio ambiente) corresponde en última instancia a una burocracia y no al mercado. El problema radica, pues, en conseguir que personas con diferentes preferencias expongan en la escena política sus ideas sobre los valores. Los trabajadores de la industria hotelera plantearán que toda explotación es indeseable, por cuanto peligra su medio de subsistencia. Un parado canario, por el contrario, sostendrá que el medio ambiente del archipiélago importa poco si su preservación contra viento y marea implica quedarse sin trabajo y quedar condenado a la miseria.
En este contexto, la batalla se dirime en la arena política. Es el juego de los grupos de presión: ¿quién será capaz de presionar más y mejor al Estado para imponerse sobre la otra parte? Si el lobby del turismo consigue restringir la explotación petrolífera, obtiene los beneficios asociados a un medio ambiente original, pero no carga con los costes derivados de la falta de producción energética (que sí sufrirá el resto de la sociedad civil española en forma de un combustible más caro). Simétricamente perniciosa sería la situación donde Repsol pudiera extraer el crudo sin encajar los costes asociados a minimizar los riesgos de desastre medioambiental. En la arena política, están inevitablemente enfrentadas las alternativas entre la producción de energía y la protección del medio ambiente. Siendo las aguas de propiedad estatal, ambas partes tienen un claro incentivo de invertir dinero y tiempo en presionar al gobierno.
Sucede que la presión no genera riqueza, sólo la redistribuye a través de la acción política. Es el cuento de siempre: el Estado es un pésimo gestor de los recursos escasos, por cuanto no dispone de la información necesaria sobre qué asignación de los mismos es la óptima. La solución a semejante dilema pasa por poner los yacimientos en manos privadas y dejar al mercado operar. Los precios de mercado reflejarán las valoraciones de los agentes implicados y darán lugar a una distribución del recurso de acuerdo a las alternativas más valoradas por los agentes económicos. Veamos esto con un ejemplo:
Imaginemos que las aguas en cuestión pertenecen a Repsol desde un principio. Asumamos que a Repsol no le importa la preservación del medio ambiente y se preocupa única y exclusivamente por maximizar su beneficio. ¿Tiene incentivos Repsol para emprender una extracción petrolífera sembrada de riesgos de catástrofe medioambiental o, por el contrario, tiene claros incentivos para minimizar los riesgos de desastre? Si el ordenamiento jurídico protege los derechos de propiedad, la segunda opción parece mucho más factible, por cuanto si se produce un daño al medio ambiente que perjudique gravemente el negocio turístico, Repsol tendrá que indemnizarlos por los daños ocasionados. En otras palabras, Repsol internalizaría el coste incurrido, ya que los vertidos son su responsabilidad. Así pues, toda externalidad negativa sería asumida por su autor.
Una vez más, la ciencia económica, como dijo Hayek, consiste en la curiosa tarea de hacernos ver cuán poco sabemos acerca de aquello que creemos que podemos planear.
El lobbie del turismo defiende sus intereses en detrimento de la sociedad civil, que perdería la posibilidad de abaratar el precio de la energía sustancialmente. Solución: Devolver los derechos de propiedad de tierras y mares a la sociedad civil.
