Puigdemont pide ayuda por carta a Naciones Unidas
El Govern envía cartas al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y del Consejo de Europa
Ofensiva internacional del Govern de Carles Puigdemont para denunciar la “persecución a los representantes electos que apoyaron la Resolución I/XI del Parlament de Catalunya”, el documento que declaraba “solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán en forma de República”.
El director general de Afers Multilaterals i Europeus del Departament d’Exteriors de la Generalitat, Manuel Manonelles, remitió el pasado 31 de agosto sendas cartas a Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; a Gianni Magazzeni, responsable del mismo comisionado para América, Europa y Asia Central; y a Nils Muiznieks, Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa.
En estas cartas, a las que ha tenido acceso La Vanguardia, la Generalitat no sólo denuncia “la persecución judicial” de los independentistas electos sino que también anuncia las “medidas que el futuro gobierno catalán aplicará con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales afectados por las decisiones del Estado español”.
Persecución judicial
En su carta, Manonelles traslada la decisión de la comisión de Justícia del Parlament el pasado 23 de junio, en la que instaba al Govern a elevar a los organismos internacionales de derechos humanos el “carácter antidemocrático vigente de las instituciones judiciales españolas y la vulneración evidente de los derechos fundamentales y políticos de los catalanes mediante la persecución de los cargos electos”.
También comunica en la misma carta, la resolución de la comisión de Justícia del Parlament en la que se “reprueba el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por la circular con la que da instrucciones de persecución de los cargos electos catalanes”.
La misiva también “lamenta la voluntad de instrumentalización política de los órganos jurisdiccionales por parte del Gobierno del Estado, con la intención de vulnerar los derechos fundamentales y políticos de los cargos electos catalanes”. Una situación que, a tenor del Parlament, “impide que cumplan el mandato recibido de la ciudadanía” y así se lo expresan a los responsables internacionales.
Medidas para “salvaguardar derechos fundamentales”
Las cartas del Govern incluyen un anexo con un conjunto de nueve medidas que “aplicará el futuro gobierno catalán para salvaguardar los derechos fundamentales afectados por decisiones del Estado español”.
Concretamente, el Govern reprocha que el Estado haya suspendido una ley de medidas urgentes para paliar situaciones de emergencia social, de vivienda y de necesidades enérgeticas. Una ley que, explican a los Altos Comisionados, tenia por objeto “garantizar suministro de agua potable, gas y electricidad a personas en riesgo de exclusión social”.
Manonelles añade en su carta la “garantía que el futuro Govern dará acceso universal a la asistencia sanitaria pública de calidad” y que no excluirá a nadie del sistema de salud por “razones económicas”. En la misma línea, el Govern explica que mantendrán el sistema educativo propio en Catalunya por el “consenso” que genera tanto socialmente como en la comunidad educativa”.
En la lista, el Govern asegura que se mantendrá firme en la defensa de la autonomía de los gobiernos locales, en la política de acogida de los refugiados, en el derecho al aborto y en la financiación de planes de emergencia social y en la gestión de la deuda, que se compromete a renegociar con los bancos.
