Según han confirmado fuentes penitenciarias, la Junta de Tratamiento de la prisión catalana de Brians 2 ha aprobado la propuesta de concesión de tercer grado penitenciario para Oriol Pujol Ferrusola, que cumple una condena de dos años y medio de cárcel por el caso ITV. En la práctica, la concesión de tercer grado implica que Oriol Pujol sólo deberá acudir a prisión para dormir.
Tras la aprobación de la Junta de Tratamiento –es decir de la Generalidad de Cataluña, a la que pertenecen las competencias penitenciarias en la comunidad– el tercer grado debería ser confirmado por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, la antigua Dirección General de Servicios Penitenciarios. Una vez ésta confirme la propuesta, la medida será firme y Oriol Pujol podrá salir de prisión de inmediato.
Dicha medida sólo podría ser paralizada mediante un recurso del fiscal de Vigilancia Penitenciaria. En ese caso, sería un juez el que decidiera, en última instancia, sobre la concesión del tercer grado.
Comisiones ilegales
Oriol Pujol ingresó el pasado 17 de enero en la prisión de Brians 2, en el municipio de Sant Esteve Sesrovires, donde cumple una condena de dos años y medio después de un pacto con la Fiscalía. Con el pacto, Oriol Pujol, el único de los hijos de Jordi Pujol que se ha dedicado a la política, aceptó los delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias por el cobro de comisiones ilegales a varios empresarios.
En la actualidad, Oriol Pujol, está siendo investigado también en la causa que instruye en la actualidad el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional por la fortuna que el clan habría ocultado a la Hacienda española en Andorra. Según el juez, la actuación de la familia Pujol encaja en "un patrón de comportamiento sistemático y metodología uniforme" para el "tráfico de influencias y otras actividades corruptas".
La concesión del tercer grado a Oriol Pujol llega en un momento en el que, en ambientes jurídicos y penitenciarios, se especula con la posibilidad de que sea ésta, y no la de los indultos, la vía escogida por el Gobierno de Pedro Sánchez para liberar a los líderes separatistas del golpe a la democracia de 2017 si son finalmente condenados por el Tribunal Supremo. En este escenario, el hecho de que las competencias penitenciarias pertenezcan a la Generalidad le permitirían a Pedro Sánchez lavarse las manos de la decisión de liberar a los presos.
