Borrell, Batet... y ahora ya la Vicepresidenta y la delegada del Gobierno en Cataluña.
Ya piden sin cortarse que salgan los golpistas de prision preventiva y en caso de condena que sean indultados.
Que esto lo diga el Gobierno de la Nación, contra la que ha ido dirigida el golpe, no tiene precedente ninguno.
Salvo por la excepción de que Pedro Sánchez ha sido aupado al Gobierno por quienes quieren destruir la integridad del
País. Algo nunca visto tampoco.
Las alarmas se encendieron ayer cuando Teresa Cunillera aprovechó una entrevista en Catalunya Ràdio para pronunciar la palabra que el separatismo lleva tiempo esperando: indulto. "Si se pide (el indulto), soy partidaria, claro". No hablaba un opinador cualquiera ni un concejal remoto, sino la delegada del Gobierno en Cataluña. El enlace de Pedro Sánchez con la Generalitat. Y lo hizo conociendo los efectos de tamaña declaración, que luego intentó paliar asegurando que se trataba de "futuribles". Por eso ha de ser desautorizada de inmediato. Un alto cargo no puede ampararse en la postura personal, del mismo modo que Borrell no puede aspirar a ser interpretado como un particular en vez de como el ministro de Exteriores de España cuando responde a un periodista de la BBC que él preferiría que los políticos presos estuvieran en libertad. La misma doctrina, por cierto, que ha sostenido otra ministra Meritxell Batet, en cuya boca puso esta semana Ernest Maragall la promesa de dar instrucciones a la Fiscalía para retirar o rebajar los cargos, condición que puso Tardà para respaldar unos Presupuestos.
