Esposas, cuñados, sobrinos, hermanos, hijos, amigos de la infancia, alcaldes, concejales y hasta tránsfugas de otros partidos que, con su felonía, permitieron que el PSOE conquistara alcaldías. La consanguineidad dentro de la extinta fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, la polémica Faffe, estaba a la orden del día.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) identificó con nombres y apellidos a 85 contratados «por razones de clientelismo político o nepotismo» en una denuncia archivada sólo 48 horas después de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla abriera unas diligencias previas al no apreciar indicios de delito.
Ahora otro magistrado, José Ignacio Vilaplana, ha remitido la citada denuncia y la documentación adjunta a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que «amplíen la investigación y practiquen diligencias tendentes al total esclarecimiento» de los 85 supuestos «enchufes».
La mayoría de contratados continúa trabajando para la Junta. En mayo de 2011 pasaron de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Con esta disposición, el instructor reactiva la investigación de una de las ramas del caso Faffe solicitada por los letrados del PP y centrada en la selección del personal de esta fundación creada por el Gobierno de Manuel Chaves en 2003 para reciclar laboralmente a los desempleados y trabajadores andaluces y financiada con subvenciones que suman 252 millones de euros.
El SAF denunció que al menos 80 de ellos tienen vínculos con el PSOE y lograron plazas en la Administración andaluza «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación».
