Pues nada, que el juez de refuerzo del departamento de la juez Bolaños que ha estado 11 meses de baja y retrasaba o archivaba todas las investigaciones de la juez Alaya, ha decidido impulsar de nuevo la parte política de la investigación de los cursos de formación. Resumiendo muy mucho, la junta de andalucía dio 2900 millones sin control ninguno (supuestamente) a empresas fantasma o creadas expresamente para recibir subvenciones de cursos de formación entre los años 2002 y 2012, cuando gobernaba el PSOE.
A ser posible, en este hilo se requieren cero derails hacia el emérito, en tanto en cuanto las comparaciones son odiosas.
El juez José Ignacio Vilaplana ha dado el empujón definitivo a una investigación que llevaba un lustro empantanada: la rama política del caso Formación, que afecta a 24 ex cargos de la Junta de Andalucía. Un año después de que la Audiencia Provincial de Sevilla tumbara el archivo decretado por la magistrada María Núñez Bolaños en el año 2016, el instructor ha encargado hasta cinco informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para averiguar si «existía una situación de falta de control de las subvenciones y fondos comprometidos destinada, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas o entidades beneficiarias».
El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla trata de identificar si hubo redes de clientelismo o un intercambio de favores políticos tanto en la concesión como en la gestión posterior de las 15.561 subvenciones para la formación, principalmente, de desempleados que los gobiernos socialistas de la comunidad repartieron entre empresas y entidades entre 2009 y 2012. Sólo entre 2002 y 2012 se distribuyeron 2.896,48 millones de euros en Andalucía.
En su resolución, el magistrado hace hincapié en la necesidad de aclarar si la Junta, a través del Servicio Andaluz de Empleo, benefició a empresas fantasma y sin actividad real, creadas con el único fin de captar fondos públicos. Para ello, quiere que la UCO detalle si «las entidades seleccionadas para dar cursos, sin que conste baremación, incluían algunas de constitución ad hoc o meramente instrumentales».
Además, quiere saber si las entidades inscritas en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía existían y tenían efectiva actividad» o si les han concedido subvenciones teniendo otras pendientes sin justificar, a través de exoneraciones masivas emitidas por el Gobierno andaluz para aplazar la obligación de acreditar el destino del dinero público.
El instructor solicita a la UCO un atestado con informe de inteligencia policial sobre el resultado final de la investigación. Además, libra otros oficios a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y a la Intervención General de la Junta con el fin de que les presten toda la colaboración que precisen los agentes.
