La ITSS realizó 1.647 visitas a centros de trabajo y levantó 1.178 actas de infracción.
Las multas ascienden a 7,2 millones de euros.
Se emitieron 3.491 requerimientos de “subsanación de deficiencias comprobadas” en medidas anti COVID-19.
330 trabajadores han sido regularizados.
La polémica campaña de inspecciones en el entorno agrícola ordenada pasado el mes de mayo por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se saldó con infracciones detectadas en siete de cada diez explotaciones visitadas por los Inspectores de Trabajo. La ITSS impuso sanciones por valor de 7.274.540,03 euros y emitió un total de 3.491 requerimientos de “subsanación de deficiencias comprobadas” en materia de protección frente a la COVID-19.
Siguiendo instrucciones de la ministra Díaz, la ITSS planificó a partir de mayo del pasado año una campaña de inspecciones que supuso “un incremento respecto a los años precedentes en cuanto al número de actuaciones”, según información facilitada por el Ministerio de Trabajo a La Mar de Onuba. En total, se realizaron 1.647 “actuaciones de carácter integral”, en las que se comprobaron, in situ, “todos los aspectos de la relación laboral”. En concreto, los inspectores debía detectar “situaciones de economía irregular, tanto de personas trabajadoras nacionales como inmigrantes», y «garantía del respeto a sus condiciones de vida, laborales y de seguridad y salud, incluida el control de las condiciones de los alojamientos puestos a disposición por el empresario”. Todo ello, “dirigido a la consecución de un trabajo decente”.
Para llevar a cabo el “trabajo de prospección”, la ITSS creó Grupos Operativos Mixtos, integrados por un inspector, un subinspector y mandos y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Según los datos aportados por el Ministerio a esta redacción, la campaña se saldó con infracciones detectadas en 1.178 de las inspecciones realizadas. El 71,5 % del total. Las sanciones impuestas por la ITSS sumaron 7.274.540,03 euros. Se ejecutaron “actas de liquidación” por cuantía de 427.323,55 euros, y se realizaron, “de oficio”, «330 altas de personas trabajadoras».
En materia de seguridad y salud y de protección frente a la COVID-19, se han realizado 1.698 visitas, constatándose 343 infracciones, y realizándose 3.491 requerimientos de “subsanación de deficiencias comprobadas”.
Las principales patronales agrarias del país (y el PP) reaccionaron en tromba y de forma airada el pasado mes de mayo, cuando se filtró a los medios que la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), había ordenado iniciar una campaña de inspecciones en el entorno agrícola. La decisión no ha sentado nada bien en las patronales agrícolas. Organizaciones como Asaja, COAG o UPA criticaron duramente la decisión de la Ministra de investigar y buscar posibles casos de explotación laboral en el sector. Y hasta hubo algún líder patronal que -aunque luego pidió perdón- llegó a amenazar con “sacar los tractores a la carretera” si Díaz no retiraba la orden de inspeccionar las relaciones laborales en las explotaciones agrarias españolas.
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La campaña de la la ITSS también fue recibida como un “ataque” por la Junta de Andalucía, desde la que se reprochó a la ministra que proyectara «la sombra de duda» sobre uno de los motores básicos de la economía española. En ese sentido se manifestaron el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo”. También descalificaron la iniciativa la senadora onubense de Ciudadanos, María Ponce, y el diputado popular por Huelva y alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, quien llegó a aventar oscuras maniobras revolucionarias y de inspiración bolivariana tras las inspecciones de la ITSS.
Por contra, y desde el lado de los trabajadores, el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha dio la bienvenida a la campaña ordenada por la ministra Díaz, que calificó como “una oportunidad para que salgan a la luz prácticas empresariales que han venido gozando de impunidad». La campaña de inspecciones ordenada por Yolanda Díaz en mayo del pasado año 2020, ha detectado infracciones en siete de cada diez empresas agrícolas inspeccionadas.
Fuente: lamardeonuba.es
Vista la vorágine de temas "liberales" que están saliendo últimamente creo que no viene mal recordar dónde está el auténtico cáncer laboral y fiscal del país.
