...la violencia de género para "depurar casos ideológicos"
Vox ha pedido por escrito al Parlamento andaluz el listado completo de los empleados públicos de la Junta que valoran las denuncias de mujeres por violencia de género y elaboran los informes que luego son tenidos en cuenta tanto para la asignación de ayudas públicas como en los tribunales, en caso de formalizarse esa denuncia por malos tratos. La formación ultraconservadora denuncia que esos informes están basados en criterios "ideológicos" –lo que llaman "supremacismo de género"– y quieren depurar los casos del personal que no consideran cualificado.
La formación de Santiago Abascal ha entrado en el Parlamento andaluz y ha empezado a utilizar los mecanismos al alcance de su grupo parlamentario para ejecutar uno de sus principios fundacionales: el desmantelamiento de las políticas contra la violencia de género, asentadas en Andalucía en leyes que cuentan con el respaldo unánime de todos los grupos. El partido ultraderechista, que sostiene al Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, aceptó retirar la exigencia de la derogación de estas leyes del acuerdo de investidura que firmaron con los populares para hacer presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla.
Pero no han renunciado al objetivo. El miércoles, aprovechando el primer Pleno ordinario en el Parlamento, y haciendo uso del artículo 7 del reglamento, el presidente del grupo parlamentario Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito en el que solicita a la presidenta del Parlamento, la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, "una relación detallada con los nombres y apellidos" de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta (competencia de Ciudadanos en el Ejecutivo). Es decir, los empleados públicos (en su mayoría funcionarios) que elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas.
La tesis de Serrano no es nueva, la ha defendido públicamente e incluso ha escrito un libro al respecto sobre cómo la decisión "de empleados públicos sin capacidad profesional y sin estar colegiados" afecta a "la custodia de menores" en casos de violencia de género.
Vox reclama la lista de estos trabajadores para "depurar" entre quienes considera que están "formados y acreditados" para elaborar dichos informes, y quienes se mueven por "motivos ideológicos", explican fuentes de la formación ultraconservadora. Con ello tratan de demostrar una de las máximas de Serrano, a saber, que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado. "Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños", ha escrito este viernes el diputado de Vox en su cuenta de Twitter.
La reclamación de Serrano, avanzada por el diario Abc, será estudiada por la presidenta de la Cámara en la próxima reunión de la Mesa, órgano rector del Parlamento donde están representados todos los grupos y que tendrá que decidir si facilita esos datos al diputado, previa consulta al letrado mayor. En el escrito de Vox, al que ha tenido acceso este periódico, se pide "una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos".
La formación ultraderechista enmarca esta solicitud dentro de su papel de grupo de la oposición que fiscaliza al Gobierno de PP y Cs. "Al igual que en otras áreas, se hace para fiscalizar que todo lo que se ha hecho en 37 años está ajustado a la normativa, a la regulación y a la ley". Esta redacción ha preguntado si es necesario conocer el nombre y apellido de los trabajadores que elaboran informes contra la Violencia de Género para desempeñar esa función de fiscalización propia de la oposición. La respuesta es que "hay que saber todos los detalles para comprobar que el dinero ha sido empleado correctamente y los objetivos se han cumplido".
Los letrados del Parlamento andaluz tienen que estudiar ahora si esta petición de Vox vulnera la Ley de Protección de Datos, como sostienen los grupos de izquierda, "indignados" con esta iniciativa del grupo ultraconservador. Precisamente la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha participado esa mañana en un encuentro con colectivos de mujeres por la igualdad salarial en la sede regional del partido, en Sevilla, donde ha denunciado que Vox "quiere señalar a las trabajadoras y trabajadores de igualdad para que se avergüencen de lo que hacen". "Hay una lluvia fina calando para que al final digan trabajo en servicios sociales... Creíamos que las listas negras eran cosa de hace 40 años", advierte la ex presidenta de la Junta.
Resto de noticia aquí: https://www.eldiario.es/andalucia/Vox-Parlamento-empleados-publicos-violencia_0_870713261.html
Se abre el debate:
- Está el partido VOX en condiciones de exigir señalar a funcionarios por cuestiones "ideológicas" cuando son un partido tremendamente ideologizado (catolicismo, símbolos, preferencia por un determinado tipo de familia, sexualidad, defensa de la "vida", defensa de tradiciones violentas...)?
- No era monopolio de la izquierda eso de señalar a la gente?
