En el recinto hotelero Los Tucanes, en la provincia boliviana del Chapare, van a echar mucho de menos a unos huéspedes habituales que desde principios de febrero es probable que no hayan vuelto a pasar por allí nunca más. En esa zona cocalera, una de las más importantes del país, se solían alojar algunos de los cerca de 50 agentes del Departamento Antidroga de EE UU (DEA) que operaban por el centro de Bolivia y a los que el Gobierno de Evo Morales decidió expulsar el pasado 1 de noviembre, tras acusarlos de realizar "espionaje" y "conspiración" contra su Ejecutivo.
Desde entonces, los agentes estadounidenses tenían 90 días de plazo para volver a sus casas. A día de hoy no queda rastro de la DEA en Bolivia. O lo que es lo mismo: no queda nada de los servicios que durante más de 35 años han compartido inteligencia operativa y estratégica con la policía local, otorgando a Bolivia "el equipo necesario para localizar y destruir fábricas de producción de drogas ilegales" y rastreando su movimiento, según señala la agencia en un comunicado con motivo de su expulsión.
A muy poca gente extrañó la decisión de Morales. La tensión acumulada en sus relaciones con EE UU desde que llegó al poder hacía prever una medida así. Los cocaleros del Chapare ya habían dado un aviso previo con la expulsión en junio de los miembros de la agencia estadounidense de cooperación (USAID). "Los funcionarios de la DEA operaban en Bolivia sin ningún control estatal. Sus operaciones de inteligencia eran dudosas. Hemos demostrado en varias oportunidades que funcionarios de la DEA estaban vinculados con operaciones encubiertas de narcotráfico", se defiende el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La primera consecuencia del órdago a Washington no se hizo esperar. Apenas un mes después, el entonces presidente George W. Bush excluyó a Bolivia del sistema de preferencias arancelarias, del que se beneficiaba desde 1989 y que facilita las exportaciones a EE UU, uno de los mercados más importantes del país andino.
Más allá de los efectos que pueda tener en la economía boliviana, lo que más preocupa a nivel internacional es el hueco que va a dejar la ausencia de la DEA en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en lo que se refiere al control de la cocaína. "Nuestra policía y nuestras fuerzas armadas tienen la suficiente capacidad operativa para luchar contra el narcotráfico", asegura el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en conversación telefónica.
Ello no se conseguirá, según el encargado de la policía en el Ejecutivo de Morales, sólo acudiendo a las fuerzas armadas. "Vamos a nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, los métodos y las estrategias las deciden los bolivianos, no admitiremos injerencias", explica Rada, quien puntualiza: "No nos cerramos a la participación de la comunidad internacional; lo único que pedimos es que se respete la soberanía nacional".
La opinión de Rada contrasta con el mal cuerpo que se le ha quedado a quienes operan contra el narcotráfico y consideran que la red creada durante más de tres décadas por la agencia estadounidense se ha ido prácticamente al garete en 90 días. "Ningún país tiene la capacidad logística de la DEA. Desde que les expulsaron, sus antiguos confidentes tratan de contactar con las agencias europeas", explican fuentes policiales extranjeras que operan en Bolivia. "Nadie trabaja como los norteamericanos, muy pocos pagan por informaciones a no ser que sean muy relevantes", añaden las mismas fuentes.
El número de fábricas de cocaína de las que la boliviana Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico se incautó con apoyo de la DEA, según la agencia estadounidense, aumentó hasta 6.535 en 2008, un 950% más desde 2000, cuando se incautó de 622.
A pesar de esos datos, hay también quien reduce su entusiasmo. "La DEA no estaba tan preocupada como puede parecer por erradicar el cultivo de coca. Tienen detectado perfectamente que el destino de la cocaína es Europa y apenas un 2% acaba en Estados Unidos", asegura un dirigente extranjero que ha trabajado los últimos cinco años en Bolivia. Durante ese tiempo, insiste, "la DEA ha aflojado mucho la tensión en la lucha contra el narcotráfico".
En el informe anual sobre narcotráfico, el Departamento de Estado de EE UU expresa su preocupación por la creciente influencia de los carteles colombianos y mexicanos en Bolivia.
¿Por qué decidió Morales expulsar a la DEA? El Gobierno basa sus argumentos en la "injerencia" de los funcionarios de EE UU que, según Rada, "se entrometieron para desestabilizar" al Ejecutivo de Morales. Hay quien cree que la razón responde más a una estrategia política. "Evo está más pendiente de la ideología bolivariana que de las consecuencias que pueda tener ese alineamiento" con países como Venezuela o Ecuador, denuncia el diputado opositor Rodrigo Paz.
Obviando la dialéctica típica de la política, uno de los motivos de más peso es que Morales es el líder de las seis federaciones de cocaleros del país, que representan un entramado con mucho poder en las bases del MAS, el partido del presidente. "Nunca ha habido en Bolivia un proyecto tan exitoso como el de los cocaleros, que han conseguido llevar hasta lo más alto a uno de los suyos", opina el dirigente extranjero.
