Titulo original: La multa por el retraso del almacén nuclear es de 73.000 euros al día, el triple que la de los estibadores
73.000 euros diarios. Esa será, según el Ministerio de Energía, la penalización que va a empezar a pagar España a Francia desde este sábado y hasta, al menos, 2020, por la custodia en La Hague (Normandía) de los residuos de la central nuclear Vandellòs I que debían regresar este año al almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). La construcción de esta instalación, para la que el Gobierno no pone fecha, ni siquiera ha empezado, por las dudas sobre los terrenos elegidos, la falta de permisos y el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE).
Esos 73.000 euros diarios suponen 511.000 euros a la semana, 2,22 millones al mes y 26,64 millones al año. Superan, por ejemplo, el sueldo de un ministro del Gobierno en todo un año (70.368 euros brutos, sin contar los trienios de los que son funcionarios) y casi triplican la sanción de la UE de 27.522 euros al día que España vino acumulando por incumplir una sentencia europea que el 11 de diciembre de 2014 le obligó a liberalizar el sector de la estiba y que el Gobierno ha esgrimido como argumento en los últimos meses para la reciente reforma de este sector.
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La penalización que la empresa pública española Enresa ha empezado a abonar este sábado a la francesa Areva, empresa semipública de la que fue vicepresidenta Ana Palacio, exministra de Exteriores con José María Aznar, ha empezado a hacerse efectiva una vez expirado un acuerdo que ambas partes firmaron en octubre de 2012. Se pagará a través del fondo para la gestión de los residuos radiactivos, que a cierre de 2016 acumulaba 5.017,6 millones de euros, frente a los 4.613 millones de un año antes, según el informe anual de Enresa, publicado esta semana.
Hasta 2010, ese fondo, cuya suficiencia ha cuestionado el Tribunal de Cuentas, se nutría de aportaciones de los consumidores a través de la tarifa de la luz y desde entonces está soportado por las eléctricas a través de una tasa a la energía que generan las centrales nucleares (sólo la pagan mientras producen electricidad).
Energía subraya que "según el protocolo actual, en caso de incumplimiento de la fecha de retorno se aplicaría una penalización que, no obstante, será devuelta en el momento del último retorno de residuos, una vez descontados los costes de almacenamiento". Ese retorno, según señala Enresa en su memoria anual, "se estima se realizará" a principios de 2020, para cuando debería estar preparado el almacén de espera de contenedores del ATC, previsto para antes de que esté construida la parte principal del almacén. Inicialmente, y tras la elección del emplazamiento de Villar de Cañas, Enresa esperaba tener construido ese almacén de espera para mucho antes, diciembre de 2015.
El tiempo transcurrido desde ahora hasta 2020 y la activación de la cláusula de penalización por incumplimiento a Areva va a implicar el pago de más de 100 millones de euros hasta entonces, aunque una vez devueltos los residuos a España, Areva reintegraría, según Energía, la mayor parte de la caución, ya que sólo recibiría lo correspondiente a los costes de almacenamiento. El ministerio no precisa esos costes, pero dice que suponen "un porcentaje bastante mínimo" de la penalización.
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El retraso del ATC ha obligado a las centrales nucleares españolas a construir almacenes temporales (ATIs) para guardar sus residuos ante la saturación de las piscinas que los guardaban hasta ahora. Los grupos ecologistas creen que esa solución, los ATIs, hace innecesario construir el ATC. Pero Enresa defiende que "la gestión temporal del combustible gastado mediante ATIs sería del orden de 2,5 veces más caro que el ATC y no permitiría el desmantelamiento total de las centrales nucleares". El presupuesto inicial del ATC era de 1.000 millones, pero todo apunta a que se disparará por los problemas de los suelos elegidos.
Desde la clausura de Vandellòs I, España ha tenido que abonar a Francia más de 500 millones de euros por quedarse con la basura radiactiva de la central, a los que se suman los costes del desmantelamiento de la planta a cargo de Enresa. Hasta ahora superan los 100 millones.
Fuente: eldiario.es
Para empezar decir que a mi el tema de la estiba me parece muy mal y todo eso. Pero es como se ha presentado la noticia (todos sabemos de qué pie cojea eldiario) y es como la pongo.
Por una chapuza más de nuestros queridos políticos y sus "peleas", aquí nos vemos pagando una multa que es el triple que la de los estibadores, pero que poca gente va a llegar a conocer y criticar, si es que ocurre.
Según el gobierno, se nos devolverá casi todo el dinero... no sé de leyes, ¿las multas se pueden "devolver"? ¿No sería mejor entonces llamarlo "depósito" en vez de multa?
¿Creéis que tienen que ser los españoles los que paguen la multa, o deberían pagarla las eléctricas que para eso son las que nos cobran la electricidad de las centrales? ¿Creéis que las centrales serían rentables si las empresas tuvieran que pagarse la gestión de sus residuos? ¿Creéis que la gente que tenga los residuos cerca debería recibir alguna compensación por el "riesgo"?
