Un juzgado de Madrid «amenaza» a una madre divorciada con retirarle la custodia de sus dos hijas, por trasladar su residencia de Alcorcón a Vigo, debido a que la «educación que van a recibir es en gallego y esta lengua no es útil», según ha denunciado el BNG.
El portavoz del grupo parlamentario nacionalista, Bieito Lobeira, informó, en una conferencia de prensa, de que el auto del juzgado de la localidad madrileña de Alcorcón «niega» a la madre que se traslade a Vigo, debido al «desarraigo, que se extiende a su ámbito escolar» de las menores, que estuvieron escolarizadas en un colegio privado de la citada localidad, y que ahora irán a centros públicos de Vigo donde parte de las asignaturas se imparten en lengua gallega.
Lobeira hizo referencia al auto, que indica que la lengua gallega es una «lengua distinta a la que han sido escolarizadas hasta ahora» las niñas y que fuera de Galicia «no se aprecia que tenga ninguna otra utilidad práctica». El auto indica, también, que esta situación está provocada por «un mero interés económico y personal de la madre» y que de prolongarse esta situación «se estaría corriendo un grave peligro en perjuicio de la formación y desarrollo integral de las menores».
Por su parte, el portavoz de la familia afectada, Manuel López Rodríguez, destacó que las menores están «perfectamente integradas en Vigo y que son felices». Respecto a la lengua gallega destacó que las niñas «no tuvieron ningún problema» y denunció que la familia está sometida a «un calvario» y a una «evidente injusticia por querer vivir en Galicia».
Por ello, solicitó a las fuerzas políticas, a la Xunta a que apoyen su causa e instó a los órganos competentes de la Administración autonómica a que emitan informes para que «se tenga en cuenta la opinión de las menores ».
Lobeira calificó esta situación como un caso de «racismo lingüístico» y de «xenofobia» ya que «no se puede admitir» que un juzgado «deniegue a una madre separada que venga a vivir a Galicia» por el hecho de que exista «una lengua propia». El portavoz parlamentario manifestó su inquietud ante la posibilidad de que este caso «pueda sentar jurisprudencia en el futuro».
Asimismo, anunció que el BNG trasladará esta situación a las instituciones internacionales, además de otros casos concretos de personas que «ven conculcados sus derechos lingüísticos, como trabajadores despedidos por hablar gallego».
