(...) El magistrado razona que no hay indicios suficientes que marquen que Pelayo tuvo una participación “penalmente relevante” en las contrataciones. Así, determina que, en su condición de alcaldesa, “participó, firmó y asumió” las resoluciones de las adjudicaciones, pero esto no conlleva que tuviera conocimiento de las irregularidades (no hubo concurso público, las beneficiarias sabían de antemano la adjudicación y los expedientes de contratación se montaron a posteriori) al haberse limitado a autorizar lo que los técnicos le habían avalado mediante los correspondientes informes tanto de la Intervención como de la Secretaría Municipal.
Ante esto, y con estas opiniones técnicas sobre la mesa, el tribunal entiende que a un regidor no se le puede “exigir” que “desconfiase de todos y cada uno de esos informes” por lo que no se le pueda reprochar “que no verificó personal y detalladamente la corrección de cada uno de esos puntos”, un requisito apuntado por la Fiscalía que califica de “despropósito”. (...)
(...) Para llegar a esta conclusión, el magistrado razona que la declaración que hizo García-Pelayo ante este tribunal resultó “creíble” dado el funcionamiento habitual de una administración pública. “Es obvio que en determinados ámbitos tanto administrativos como empresariales ha de operarse con un principio de confianza en la labor de los escalones previos al ámbito estrictamente decisional, delegando tareas y funciones si no se quiere colapsar una administración”, señala. Por lo tanto, argumenta que “no es exigible” a una alcaldesa de una ciudad como Jerez que “contraste y coteje con cada expediente todas y cada de una las decisiones o acuerdos que firma” ya que, para eso, cuenta con técnicos cuya función es “filtrar y testar” la corrección de las resoluciones que se pasan a la regidora para su ratificación. Es más, señala que ninguno de los técnicos que han declarado ante el Supremo reconoció que recibiera alguna consigna de García-Pelayo e insiste en que no tiene relación alguna con las empresas adjudicatarias —sí la tenía el periodista fallecido Isidro Cuberos, que participó como mediador entre el Ayuntamiento y las adjudicatarias en estas contrataciones y dirigió la promoción de la ciudad ese año en Madrid y al que el Supremo señala como la persona que eligió las empresas adjudicatarias—. De este modo, entiende que son “sugestivas de acomodarse a lo más probable” las declaraciones realizadas por Pelayo sobre su desconocimiento de “toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles”. (...)
Me parece un gran tropiezo lo que acaban de soltar estos magistrados. Si nos ponemos así, ya pueden ir quitando la responsabilidad a todos los cargos públicos. Vamos, una cosa es no saber al detalle todos los elementos técnicos que puede ser comprensible, y otra cosa escudarse con que no se presta atención a lo que se firma.
Espero que esto no habrá las puertas a que en un futuro se empiece a quitar responsabilidad los cargos altos por lo que hagan sus subordinados. El sueño húmedo de más de un político.
