"En el último año se intensificó la campaña de internamiento masivo, vigilancia intrusiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra las personas de etnias uigur y kazaja y los miembros de otros grupos étnicos de la región, en su mayoría musulmanes. Esta represión masiva ha destrozado a cientos de miles de familias. Están desesperadas por saber qué sucedió con sus seres queridos y ya es hora de que las autoridades chinas les den respuestas", exigió la semana pasada Nicholas Bequelin, director para Asia de Amnistía Internacional.
China intentó durante décadas restringir la práctica del Islam y mantener un control férreo en Xinjiang, una región más extensa que la Patagonia y casi del tamaño de México, donde más de la mitad de la población de 24 millones pertenece a grupos minoritarios étnicos musulmanes.
La mayoría son uigures, cuya religión, idioma y cultura, junto con una historia de movimientos de independencia y resistencia al gobierno chino, preocupa a Beijing desde hace siglos. Después de una sucesión de violentos levantamientos -que alcanzó su punto máximo en 2014- con más de 200 muertos, el entonces jefe del Partido Comunista y actual presidente, Xi Jinping, intensificó drásticamente la ofensiva, lanzando una campaña implacable para convertir a los uigures y otras minorías musulmanas en ciudadanos leales al partido. "Xinjiang se encuentra amenazada por terrorismo y el separatismo, algo que no podemos tolerar de ninguna manera y lo vamos a combatir con toda nuestra fuerza", dijo Xi el año pasado durante un discurso ante funcionarios nacionales.
Además de las detenciones masivas, las autoridades intensificaron el uso de informantes y la vigilancia policial en todas las ciudades y pueblos de la zona autónoma. Incluso, instalaron cámaras dentro de las casas de activistas y simpatizantes que son monitoreados permanentemente. Por supuesto, China niega categóricamente los informes de abusos en Xinjiang.
El internamiento de los musulmanes se intensificó a partir de marzo de 2017, cuando se aprobó la "Normativa Antirradicalización" para Xinjiang. Las muestras públicas -o incluso privadas- de afiliación religiosa y cultural, como llevar una barba larga, cubrirse la cabeza con un velo o un pañuelo, orar frecuentemente, ayunar o evitar el alcohol, o tener libros y artículos sobre el Islam o la cultura uigur pueden considerarse conductas "radicales" en virtud de esta ley. Otros motivos de sospecha son el viajar al extranjero por trabajo o estudios, en especial a países de mayoría musulmana, o estar en contacto con personas fuera de China. Una vez que una de esas personas de la minoría uigur es señalada, la policía la detiene para interrogarla y revisan sus teléfonos móviles para encontrar información en la que basar la condena. Las personas pueden ser identificadas como sospechosas a través del control rutinario de mensajes enviados en aplicaciones de redes sociales como WeChat, que no usan la encriptación de extremo a extremo. El uso de aplicaciones de mensajería que sí utilizan la encriptación, como WhatsApp, también puede ser en un motivo de detención.
Los recluidos en los campos no son sometidos a juicio ni tienen acceso a asistencia legal o derecho a impugnar la condena. En general, permanecen detenidos durante meses hasta que las autoridades deciden si se han "transformado". Quienes se resisten o no demuestran un cambio lo suficientemente claro se enfrentan, según los informes de Amnistía Internacional, a castigos que van desde la privación de alimentos, reclusión en régimen de aislamiento, palizas y hasta sesiones de tortura. Las estadísticas oficiales marcan que se registraron las muertes de hasta el 3% de los detenidos, incluidos los suicidios de personas que no pudieron aguantar los malos tratos.
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/29/los-campos-de-concentracion-de-china/
¿Que os parecería implementar este sistema en Cataluña?
