Medio millar de pueblos españoles están heridos de muerte, sumidos en una agonía demográfica que, salvo milagro, les aboca a la desaparición. Son medio millar de pueblos que subsisten con menos de 50 empadronados, censos oficiales que acostumbran a ser mucho más optimistas que la realidad, porque los que residen durante todo el año suelen ser menos; a veces, muchos menos.
Son la dramática avanzadilla de un erial demográfico que no para de extenderse y que, literalmente, está vaciando a media España. En los años 50 comenzó el gran éxodo del campo a las ciudades que hirió a miles de pueblos. El resto lo ha puesto el paso del tiempo: cada vez vez menos jóvenes, cada vez menos niños, cada vez menos vecinos.
Ya son 14 las provincias en las que más del 80% de sus pueblos no pasan de mil empadronados
El problema, lejos de cesar, se agrava mes a mes. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acaba de publicar un informe que analiza en detalle el último padrón certificado por el INE, el de 2016. Y el panorama que revela es desolador. Ya son 14 las provincias en las que más del 80% de sus municipios no pasan de mil empadronados –son más del 90% en Ávila, Burgos, Salamanca, Soria, Teruel y Zamora–; y ya hay casi 1.300 localidades que no pasan de 100 vecinos censados, 358 municipios más de los que habia en esa situación hace década y media.
Masivo riesgo de extinción
Entre 2015 y 2016, 36 provincias perdieron habitantes. Solo se escaparon de la recesión demográfica Guipúzcoa, Gerona, Álava, Navarra, Sevilla, Alicante, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Baleares, Málaga, Barcelona y la Comunidad de Madrid.
Hay una descompensación territorial enorme, y va a más: durante el último año certificado por el INE, España perdió 67.374 habitantes, pero la suma de población de todas las capitales de provincia se apuntó un incremento de 14.000 personas. Es decir, donde la despoblación sigue cayendo a plomo es en las áreas rurales.
Por debajo de los 500 habitantes reales un pueblo tiene un crudo futuro. Y esa es la realidad en la que ya se encuentran más de 4.000 municipios, la mitad de todos los que hay en España. Son las más de 4.000 localidades que la FEMP ha identificado con un riesgo de extinción muy alto, alto o moderado. La gran pregunta es ¿hay solución para estos municipios?
«Para decenas de ellos, quizás cientos, es muy posible que ya sea tarde. Para varios miles de los que están en riesgo sí hay remedio. Pero para eso hacen falta urgentes políticas de Estado, porque el problema demográfico es un problema de Estado de primer orden», afirma el presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP y promotor del informe que acaba de presentar este organismo, Juan Antonio Sánchez Quero, que además preside la Diputación de Zaragoza y es alcalde de un pequeño pueblo, Tobed, en la comarca de Calatayud.
Medidas reales y efectivas
Sánchez Quero lleva tiempo reclamando «medidas reales, efectivas y rápidas que impliquen a todas las administraciones públicas, y en cuyo diseño y puesta en práctica tengan voz y voto primordial quienes conocen de primera mano este problema, los pueblos y las diputaciones». «Hay que actuar ya —insiste—, pasar de las palabras a los hechos, con medidas concretas que ayuden a fijar población, a crear condiciones para el empleo y para hacer atractiva la vida en los pueblos».
Afirma que tras el declive poblacional que sufre el país hay una doble problemática, de raíz compartida: «De un lado, la crisis de natalidad que sufre España en su conjunto; de otro, la severa despoblación que barre las áreas rurales». Y, advierte Sánchez Quero, «España no puede permitirse el carísimo lujo de dejar morir a la mitad de sus municipios». «Carísimo lujo» —explica—, porque «la despoblación tiene un alto coste, no solo en términos humanos, sentimentales y culturales, también en pérdida de potencial de riqueza y en sobrecostes en la prestación de servicios públicos, que se disparan en territorios con población envejecida, dispersa y de baja densidad demográfica».
Bagües, seis vecinos
De esto último dan fe pueblos como Bagüés (Zaragoza), el más pequeño de Aragón y sede de una iglesia románica con pinturas murales de extraordinario valor en las bellas Altas Cinco Villas, una zona próxima al Pirineo. El último padrón del INE dice, a efectos oficiales, que allí viven 12 personas. La realidad es que son muchos menos: de fijo, todo el año, apenas media docena. «Ahora mismo estamos en el pueblo tres: mi madre, que tiene 87 años; un convecino que va y viene a diario a trabajar a Jaca y que anda por la cincuentena; y yo, que tengo 47», explicaba a ABC el pasado jueves el alcalde de Bagüés, José Alberto Pérez.
«Eso sí, para el verano llegamos a estar 80 ó 90 personas, lo que significa que durante todo el año tenemos que mantener servicios e infraestructuras para un pueblo de casi cien vecinos, cuando la mayor parte del año vivimos de fijo media docena», se lamenta este alcalde, que aprovecha para defender el «papel esencial que desempeñan las diputaciones provinciales para mante
