El magistrado convoca a Gómez, su asesora y Barrabés para trasladar la opción de jurado, concretar cargos y decidir entre archivo o nuevas diligencias, mientras recurren y niegan indicios de delitos imputados
El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para este miércoles, 1 de abril, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de notificarle por tercera vez su decisión de que un tribunal del jurado sea el encargado de juzgar la causa abierta en su contra.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid reitera así su determinación de someter a jurado el proceso que afecta a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara su anterior resolución por falta de fundamentación.
Es la tercera citación a los tres investigados para trasladarles el envío del procedimiento al jurado. Ya lo hizo previamente respecto a una pieza separada por malversación y sobre la causa principal por tráfico de influencias. Ambas investigaciones fueron finalmente acumuladas en un único procedimiento, siguiendo las directrices de la Audiencia Provincial.
La comparecencia de este miércoles, obligatoria conforme a la Ley del Jurado, servirá para perfilar las imputaciones. Como en las dos convocatorias anteriores, ni Begoña Gómez ni los otros dos encausados tienen previsto acudir al juzgado, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, que añaden que no se ha requerido un dispositivo de seguridad especial.
En esta vista, el magistrado deberá concretar los cargos y las partes podrán exponer su postura sobre el rumbo del caso: si procede el archivo o la continuación con nuevas diligencias.
Los tres investigados ya han interpuesto recursos de reforma contra la más reciente resolución del juez Peinado. En todos los casos solicitan el sobreseimiento de la investigación, que, según la defensa de Gómez, se dirige contra ella por su condición de “cónyuge del presidente del Gobierno”.
En su auto, Peinado enumera los indicios que, a su juicio, apuntan a delito: que Gómez, “desde su posición prevalente como esposa del Presidente del Gobierno”, convocara reuniones en Moncloa para impulsar una cátedra universitaria o remitiera “cartas sugiriendo, de forma directa o indirecta, la adjudicación de concursos públicos”.
El juez aprecia posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo en las actuaciones atribuidas a Gómez para promover y financiar una cátedra en la Universidad Complutense, en su relación con Barrabés y en el uso de su asesora.
Por su parte, los tres niegan la existencia de indicios sobre todos los tipos penales imputados y reprochan al instructor “datos falaces”, conjeturas, omisiones e interpretaciones forzadas. La respuesta a estos recursos podría demorarse entre cinco y ocho meses al tratarse de una causa sin investigados en prisión, como ya ocurrió en fases anteriores, según las mismas fuentes.
Es la segunda ocasión en la que Peinado fija actuaciones relevantes un Miércoles Santo. El año pasado se desplazó a Moncloa ese mismo día —cuando el procedimiento cumplía un año— para tomar declaración como testigo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El magistrado también ha acordado diligencias en sábado y domingo.
El juez, que encabeza la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza número 41, alcanzará los 72 años —límite legal para ejercer— a finales de septiembre. Dado el volumen de recursos pendientes ante la Audiencia Provincial, existe la posibilidad de que deba jubilarse antes de concluir la fase de instrucción.
A Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado le imputa (la investiga como investigada) por los siguientes cinco presuntos delitos (datos actualizados a marzo de 2026):
1. Tráfico de influencias
Se investiga si se aprovechó de su posición como esposa del presidente para favorecer a empresarios (principalmente al empresario Juan Carlos Barrabés) en la obtención de contratos públicos o ayudas.
2. Corrupción en los negocios (o corrupción privada)
Relacionado con el supuesto uso de influencias para obtener ventajas para terceros en el ámbito empresarial y público.
3. Apropiación indebida
Principalmente por la supuesta apropiación indebida de un software o herramienta tecnológica desarrollada en el marco de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que supuestamente se financió con fondos públicos.
4. Intrusismo profesional
Por haber firmado o participado en documentos técnicos, pliegos de contratación o actividades para las que, según el juez, no tenía la habilitación técnica o administrativa necesaria.
5. Malversación de caudales públicos
Imputada junto a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. Se investiga si se usaron recursos públicos (tiempo de trabajo y medios de la asesora) para tareas privadas de Begoña Gómez relacionadas con la cátedra o sus actividades personales.
Para quien quiera hilar las piezas del puzle recomiendo este articulo del Español que esta bastante bien detallado:
