Una de las últimas órdenes que firmó el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, antes de abandonar la sede la calle Alcalá hace un mes, fue obligar a Airbnb y otras intermediarias similares a recopilar los datos de anfitriones y clientes que hayan usado las plataformas durante todo este año. Deberán entregarlos al fisco entre el 1 y el 31 de enero de 2019. A partir de esa fecha, la obligación será trimestral.
"La nueva obligación de información se establece con fines de prevención del fraude fiscal para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas colaborativas», que intermedien en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos", explica la disposición de Hacienda, que desarrolla un decreto del mes de diciembre anterior. De hecho, esta norma iba a estar ya en vigor a mediados de este año, aunque se quiso dar más tiempo de adaptación a las empresas implicadas, recuerdan fuentes de Hacienda.
La orden ministerial, que se publicó en el BOE del 30 de mayo, acaba con varios meses de tira y afloja entre las plataformas y las autoridades españolas. Para las empresas, dar estos datos "distorsiona la competencia" y la ley propuesta es "confusa e impracticable". La queja que expresaron cuando se dio a conocer el borrador de esta orden es que "muchos de los datos que se requieren no están relacionados con impuestos, y otros datos no están disponibles para plataformas como Airbnb".
Un portavoz de esta empresa de alquiler se limita a asegurar ahora respecto a la orden ministerial que "Airbnb ha trabajado con más de 500 gobiernos en normativas que faciliten que las personas puedan compartir sus hogares. Airbnb quiere ser un buen socio del gobierno en materia de impuestos y trabajar en una normativa de sentido común que permita a los anfitriones pagar su parte justa".
Tal y como aparece en la orden ministerial, las plataformas de alquiler vacacional deberán identificar al titular de la vivienda (y, en su caso, del que tiene el derecho a cederla) y a las personas a las que se les alquila. También deberán dar la dirección completa y la referencia catastral del inmueble. El número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, las fechas y y el importe percibido por el titular deberán asimismo constar.
De manera opcional, pero para evitar eventuales peticiones de información adicional de la Agencia Tributaria, Airbnb, Homeaway y similares podrán dar también otros datos como la identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de pago).
Me parece bien sinceramente, hay gente ganando dinero a mansalva con esto y sin declarar impuestos. Obviamente lo suyo sería que no subira el precio y que el sobrecoste lo asumiese el anfitrión pero no va a ser así por desgracia.
Y como dice la noticia tampoco creo que esto vaya a mejorar el problema de las subidas del precio de alquiler de pisos, el alquiler turístico sigue siendo más seguro porque al final en dos semanas como mucho te ha entrado alguien y se ha ido y puedes mirar como lo ha dejado todo, no es dejarle tu casa cinco años.
