Al fiasco de la Sareb se suman las sanciones por no declarar bienes en el exterior que acaba de anular la justicia europea o el canon que ha habido que devolver a las compañías eléctricas por orden del Supremo
El Estado ha asumido un agujero superior a los 40.000 millones de euros por decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy que han sido un fiasco o ha acabado anulando la justicia, española o europea.
La cifra, que en función del desenlace de litigios aún en curso podría superar holgadamente esa cantidad, equivale a un 4% del PIB y a toda la inversión del Estado para 2022 prevista en los últimos Presupuestos, que este ejercicio se va a situar en una cuantía récord. También se acerca a lo que recaudaría entre 2023 y 2032 la subida de cotizaciones que propone el Gobierno para financiar el aumento del gasto en pensiones por las jubilaciones de los nacidos en el baby boom.
La mayoría de ese multimillonario importe se ha materializado en las últimas semanas. El grueso corresponde a los 35.000 millones de deuda de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que va a asumir el Estado después de que el pasado 18 de enero, el Consejo de Ministros aprobase la toma de control de esa entidad. Lo ha hecho por imperativo de la UE, que a través de Eurostat, ha conminado a que España se haga cargo de ese pasivo en su contabilidad nacional.
Con ello, se van a socializar las multimillonarias pérdidas del denominado banco malo y se engrosará la factura del rescate a la banca que el PP dijo que no costaría "un euro" y del que el Banco de España ya da por perdidos más de 54.000 millones, sin contar el fiasco de Sareb. Un fracaso anunciado, consecuencia del diseño inicial de este instrumento creado en 2012 por el entonces ministro Luis de Guindos, ahora en el BCE, para sacar el ladrillo tóxico del balance de la banca con la promesa de venderlo más adelante a mejor precio.
Como todo buen liberal, privatizando ganancias y socializando pérdidas.
