#89 espera, que ahora te copio el pufo que hay con lo de Illa y que está relacionado
otras compañías que recibieron cuantiosas adjudicaciones durante el estallido de la pandemia prácticamente desaparecieron tras recibir los millones. Una de ellas es la catalana FCS Select Products. La firma se embolsó 253 millones de euros a través de cuatro contratos covid. La Fiscalía Europea investiga dos de ellos, según informan fuentes jurídicas y confirman documentos consultados por este diario.
Mientras, los otros dos contratos adjudicados a esa mercantil volvieron a la Fiscalía Anticorrupción por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Allí, la juez Concepción Jerez investiga irregularidades de 13 contratos adjudicados por Sanidad a firmas chinas. Debido a que llevan la firma de uno de los tres exaltos cargos del Ministerio de Sanidad imputados por las adjudicaciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) a empresas chinas durante el inicio de la pandemia, Anticorrupción envió esos dos contratos de FCS Select Products al Juzgado 26 de Madrid para su acumulación en esa causa.
Esos contratos de FCS Select Products que volvieron a manos de Anticorrupción están firmados por la exdirectora de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, una de las tres personas investigadas por malversación en los contratos covid del Ingesa que investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.
Los nuevos documentos mercantiles sobre esa empresa catalana apuntan a que sus responsables, bajo la lupa de la Fiscalía Europea aún, habrían dejado prácticamente inactiva la compañía. Pese a que permanece activa, las últimas cuentas presentadas por FCS Select Products en el Registro Mercantil son de 2019, un año antes de la pandemia. Los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestran un parón total en 2020. Ese año, FCS logró adjudicarse los cuatro contratos. Se formalizaron en el mes de octubre de ese ejercicio. La empresa está radicada ahora en un chalé unifamiliar de Sant Cugat del Vallés.
La mercantil se fundó en 2012 por Felipe Recio y Mayra Daga con el objeto importar, exportar y distribuir toda clase de productos del ramo de la alimentación. En 2020 se le encargó traer desde China 508 millones de mascarillas de diferente tipo. El año anterior ya había cambiado su actividad económica. Se centró en el comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación e intermediación del comercio de productos diversos. Según recoge Insight View hoy tiene el máximo riesgo de impagos y se recomienda «operar con prudencia».
Mayra Daga Castillo fue condenada en 2015 a cuatro años de prisión. Sin embargo, se libró tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Se le acusó de un delito continuado de estafa agravada a empresas de la construcción. Pese a todo, ha seguido vinculada al sector inmobiliario, ya que una de los 22 apoderados de Inversión Patrimonial Carpetania.
Pese a todo, el Ministerio de Sanidad justificó la adjudicación de estos macrocontratos, de forma urgente y sin investigar la solvencia de la empresa, en la situación de emergencia para hacer frente a la expansión de la covid–19 –ver Real Decreto-. La empresa catalana, según recoge el documento se comprometió en uno de los contratos a realizar dos entregas semanales de mascarillas durante cuatro semanas. En total, 37,5 millones de mascarillas semanales.
Entre las exigencias de FCS recogidas en el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, estaba el pago del total del 100% del pedido, que este caso ascendía a 77 millones. Apuntaba además que el transporte de la mercancía se realizaría utilizando la capacidad logística de la empresa Industria de Diseño Textil (Inditex).
Anticorrupción abrió diligencias en 2022 sobre los contratos del Gobierno a FCS Select Products, a raíz de una querella del Partido Popular de Madrid sobre una decena de adjudicaciones covid otorgadas a dedo por diferentes ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Respecto a esta empresa, el PP denunciaba que esta empresa catalana hasta 2019 se dedicaba «al sector de bebidas alcohólicas», nunca al suministro de material sanitario, y «recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social» por parte del Ministerio de Sanidad.
