Hace unos días, La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) enunció sus conclusiones al respecto de la actuación de España frente al referéndum catalán en un informe, que se debatirá en un pleno el 21 de este mes.
SI hemos de fiarnos del Gobierno, la respuesta ha sido muy positiva.
Sobre el caso particular de España, el relator del informe, Boriss Cilevics, reconoce que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y desafió los mandatos expresos del Tribunal Constitucional. Además, el relator del informe admite que la reacción de la Administración de Justicia de España en defensa de la legalidad vulnerada tuvo lugar dentro de los parámetros de un Estado de Derecho.
En su relato, Cilevics también reconoce en la redacción del texto de resolución que “España es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate público abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista pro-independentistas no proporciona base alguna para abrir una causa penal. La APCE respeta plenamente el orden constitucional de España.”
Sin embargo, otros medios se han hecho ecos de otras conclusiones más... concretas.
La Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aconsejado a España que reforme el delito de sedición para que no parezca que se castiga la libertad de expresión, como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio de los presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La conclusión del informe, avalada ahora por la citada comisión que preside el propio Cilevics, es que "la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal", pero al mismo tiempo se subraya que varios altos políticos catalanes fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos en apoyo del "referéndum inconstitucional" sobre la independencia de Cataluña.
Por ello, y según ha informado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se aconseja a las autoridades españolas reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que "no puedan interpretarse de manera que anulen la despenalización de la organización de un referéndum ilegal" en 2005 o den lugar a "sanciones desproporcionadas".
Una comisión del Consejo de Europa recomienda el indulto para los presos del 'procés'
El texto tendrá que ser debatido en el pleno de la APCE que se celebrará entre el 21 y el 24 de junio, y en el mismo se aconseja también a España la reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos de rebelión y sedición para que no den lugar a "sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas".
El texto apuesta también por "la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes residentes en el extranjero que sean buscados por los mismos motivos", en alusión, entre otros, al 'expresident' Carles Puigdemont. Además, solicita que "decaigan los juicios pendientes a los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017", y propone "iniciar un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de las fuerzas políticas de Catalunya".
No he podido encontrar un enlace al informe en sí en ninguna de las noticias para poder ir a la fuente directa, en todo caso parece que la conclusión es que Europa avaló la actuación española, sin embargo pide una reforma de los delitos de sedición para que no parezca que atentan contra la libertad de expresión, algo que francamente no entiendo.
En todo caso, parece que sin querer denostar la autoridad y la actuación españolas, a Bruselas no le hace mucha gracia la imagen que hemos dado al exterior, por lo que hay que reconocer un logro al aparato mediático del procés y un fracaso del de España.
