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-Las madres siempre llevaron a sus hijos al mismo especialista en salud mental
-La asociación Infancia Libre podría haber intervenido en un centenar de casos
-El 'modus operandi' podría considerarse organización criminal
La policía trabaja sobre una decena de casos, divorcios complicados con disputa por la custodia en los que intervino la asociación Infancia Libre. Estos nuevos casos se sumarían a los tres ya públicos tras las detenciones de las madres; María Sevilla, Patricia González y Ana Maria Bayo.
En esos nuevos casos las madres podrían ser detenidas por causas similares, por secuestrar a sus hijos, impedir que los padres vean a sus hijos a pesar de haber conseguido demostrar que las denuncias de abusos sexuales a sus hijos son falsas, y por estar en busca y captura. La policía analiza las coincidencias.
Siempre el mismo especialista
Para empezar el equipo de abogados, dos letrados que han trabajado en despachos de renombre y que llegaron a ejercer de jueces sustitutos hace 10 años. Para conseguir informes favorables a las madres siempre llevaron a sus hijos al mismo especialista en salud mental al que acudían las madres por consejo de la presidenta de la asociación, la primera de las detenidas por secuestrar a su hijo.
El psiquiatra trabaja en un centro público y sus informes recomendando que el padre no tuviera visitas con los niños y niñas, llevaban membrete oficial. En dos ocasiones que se sepan recurrieron a la firma de una psicóloga y una conocida activista feminista de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, una mujer que ha defendido públicamente la actuación de una pediatra juzgada por falsedad en una causa en la que activó el protocolo por abusos sexuales a una adolescente andaluza sugiriendo que habría sido agredida sexualmente en el ámbito familiar.La activista y médico defendió el derecho a equivocarse de la pediatra en un tema tan sensible con el argumento de que hay que activar el protocolo ante la mínima sospecha, porque lo primero es proteger al menor, aunque luego se compruebe que no ha habido abusos. En este caso fue sangrante porque la menor negaba haber sido agredida o haber mantenido relaciones a pesar de tener una úlcera. El problema es que la pediatra diagnosticó por error la herida como herpes genital y sospechó del progenitor.
Con estos mimbres la asociación Infancia Libre podría haber intervenido en un centenar de casos que son los que la presidenta dijo que había acogido en su asociación cuando tuvo la oportunidad de contar en el Senado (invitada por Podemos) el drama de los abusos sexuales en el ámbito familiar. De aquel acto quedó para la posteridad una fotografía en la que hay cuatro madres de la asociación; tres ya han sido detenidas. La policía se ha centrado en los casos que judicialmente han sido resueltos como denuncias falsas de las madres y a pesar del resultado ellas han seguido privando al padre de las visitas a sus hijos, incluso con la sustracción del menor.
Un 'modus operandi' criminal
Un modus operandi que podría considerarse organización criminal si se demuestra una jerarquía en la organización y un reparto de funciones de miembros de la asociación, abogados y facultativos. Los agentes trabajan en eso para presentar un informe policial. Para ir judicialmente contra los cabecillas de la trama sería necesaria la denuncia que activara una causa específica contra Infancia libre. De momento los tres casos se llevan individualmente en juzgados distintos. La Fiscalía no ha pedido la acumulación de la causa pero podría porque hay conexión de hechos.
También uno de los jueces podría. Lo que sí están haciendo los padres afectados es unirse a través de sus abogados en una plataforma para hacer una denuncia conjunta contra Infancia libre y específicamente contra los abogados y facultativos. Eso paralelamente activaría un expediente en sus respectivos Colegios oficiales.
