Juristas ante 'ley del sólo sí es sí': Sólo habla de mujeres..

Nació bajo el lema feminista del «Sólo sí es sí» y es el principal triunfo político de la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta la fecha. EL MUNDO ha recabado la opinión de diversos expertos juristas sobre el Proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobado por el Congreso de los Diputados.

«Esta ley es hija de la sentencia de La Manada, siendo la desaparición del delito de abuso malo porque las conductas deben ser penadas en función de su gravedad y, en principio, todos debemos entender que una conducta que se comete con violencia o intimidación es más grave que aquellas que se cometen sin ellas. Es cierto que el legislador ha puesto un margen muy amplio para imponer la pena por agresión sexual a los jueces, pero creo que esto generará mayor inseguridad jurídica. Habrá agravios comparativos en función de la pena que decida imponer cada juez», explica Fernando Portillo, presidente de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente. Además, para este magistrado la Ley incurre en «un defecto en el preámbulo» cuando de forma constante solo habla de violencia sobre las mujeres «olvidando que también existen hombres y niños víctimas de delitos sexuales».

Por su parte, la ex fiscal general del Estado y fiscal de Sala Consuelo Madrigal explica que la desaparición de delito de abuso sexual «no implica que todo acto sexual inconsentido sea una violación, sino un acto de violencia sexual. Lo importante no es tanto el nombre que se dé a los delitos, sino que la ley penal discrimine la diferente antijuricidad de cada conducta y señale las penas adecuada y proporcionalmente. En mi opinión, en esta cuestión, el proyecto precisa ser mejorado técnicamente».

Sobre la desaparición del término abuso sexual, el fiscal en excedencia y socio del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Enrique Remón, alerta de que «la reforma proyectada al unificar el tratamiento de los delitos de agresión y abuso sexual permitirá aplicar penas más bajas en delitos cometidos con violencia e intimidación, salvo que concurran las circunstancias del artículo 180, toda vez que el órgano sentenciador podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Esta previsión no está contemplada en la legislación actual. Es decir, el uso de violencia o intimidación ya no será determinante como lo es ahora».

CARGA DE PRUEBA

Sobre la nueva redacción del concepto de consentimiento , uno de los ejes estrellas de la nueva Ley, las opiniones son diversas. Para la fiscal Madrigal, la nueva definición de consentimiento «avanza en lo que ya existía, es decir, al mantener una relación sexual tiene que estar claro que hay un consentimiento, cuestión que ya se exige en la legislación actual». Similar criterio tiene el juez Fernando Portillo quien explica que «la versión aprobada de la Ley por el Congreso se quedó en una definición muy neutra, muy similar a la del Convenio de Estambul, sobre el consentimiento. La Ley deja las cosas como están». Además, en su opinión «no existe una inversión de la carga de la prueba y, por lo tanto, no se vulnera la presunción de inocencia de ningún hombre ni de ninguna mujer. La presunción de inocencia del acusado se mantiene incólume».

En cambio, el penalista Remón entiende que «al introducir el proyecto en el artículo 178.1 párrafo 2 la referencia a que "sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", esto nos sitúa en el ámbito de la prueba de un elemento del tipo con un importante matiz: se pone el foco de interés en acreditar no la falta de consentimiento por parte de la víctima como hasta ahora, sino en la prestación del mismo». Además, en su opinión, esta nueva definición de consentimiento «puede plantear un problema de inversión de carga de la prueba, si se interpreta en el sentido de que es el acusado quien debe acreditar que hubo una manifestación libre y clara».

Por otro lado, en el preámbulo del texto legal de la denominada Ley Montero se afirma que «la violencia sexual no es una cuestión individual sino social». Sobre este extremo, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), apunta a que «la libertad sexual es un derecho de todos los individuos, hombres y mujeres, centrándose la actual ley del solo sí es sí en la mujer como víctima y el hombre siempre agresor». Del Barco recalca que «el Código Penal es un instrumento que como finalidad primaria tiene la prevención general del delito. Pero la responsabilidad en la comisión de los delitos contra la libertad sexual es únicamente del autor/a del delito. No de una categoría social o por el hecho de ser hombre eres responsable. Los ataques contra la libertad sexual atentan contra la dignidad de esa persona, de sus derechos como individuo. Y quien ataca o vulnera esa libertad sexual lo hace también como individuo».

En este sentido, Madrigal explica que «el mayor o menor volumen de delitos en una sociedad es una cuestión social. Ahora bien, la responsabilidad penal es siempre individual. Creo que la labor de prevención por parte de las administraciones e instancias educativas es más eficaz que el incremento del rigor punitivo en conductas ya severamente sancionadas en el Código Penal».

ASPECTOS CLAVES

El consentimiento. «Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad».

Adiós al abuso sexual. El nuevo proyecto legal deja atrás el concepto de abuso sexual que desaparece en favor de la agresión. Esta fue una clara reivindicación feminista tras el caso de 'La Manada'.

Sumisión química. La Ley contempla como nueva agravante en las agresiones sexuales el utilizar cualquier sustancia para anular la voluntad de la víctima.