#89 Te ahorro perder el tiempo: Anunciar que después de una profunda reflexión se han dado cuenta que si que son el gobierno más feminista de la historia, que van a implementar protocolos, cursos, crear una agencia gubernamental contra los hombres y lo que se les haya ocurrido para seguir colocando gente afín.
Luego te dirán que peor hubiera sido con la ultra derecha, que ellos violan y abusan de las mujeres pero que son los buenos, ahh y que aún no ha comido
Se vienen los #yonotecreohermana.
Imagina que su Sanchidad tenga que quitar a otro de sus designados a dedo porque es otro cerdo cuya única virtud era bailarle el agua.
La Gestora del PSOE de Extremadura niega el acoso laboral de Quintana y éste amenaza ahora con denunciar a quienes "difundan el bulo"
La edil fue despedida de su puesto de trabajo en la sede del PSOE extremeño por presiones de delegado del Gobierno, según ha denunciado en el canal interno de Ferraz
El presidente de la Junta Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, durante una rueda de prensa el pasado viernes. Jero Morales EFE
David Vigario
Mérida
Actualizado Viernes, 2 enero 2026 - 13:15
El PSOE de Extremadura ha negado "de manera rotunda" que el presidente de la Comisión Gestora y delegado del Gobierno en esta comunidad, José Luis Quintana, esté implicado en un caso de acoso laboral como ha denunciado una concejal socialista en el canal interno de comunicación abierto por Ferraz para este tipo de situaciones.
Como adelantó ayer en exclusiva EL MUNDO, la edil trabajaba en la sede del PSOE de Extremadura en Mérida y fue despedida por la dirección regional -según denuncia la afectada- por mediación del ex alcalde de Don Benito y amigo personal de Pedro Sánchez.
La denuncia, presentada el pasado mes de mayo, relata que sufrió amenazas por teléfono, difamaciones y todo tipo de presiones que derivaron en su despido laboral. La denunciante, sin citar a Quintana, ha relatado parte de lo sucedido en los últimos días en sus redes sociales al conocer cómo José Luis Quintana fue designado por Ferraz como presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión por los malos resultados electorales del secretario general socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo.
"No ha existido ningún tipo de persecución laboral y la persona en cuestión nunca ha dependido laboralmente de José Luis Quintana, actual presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura", ha señalado el partido en una nota de prensa, en la que ha recalcado que "las afirmaciones que se están realizando en redes sociales son rotundamente falsas y carecen de cualquier fundamento".
Tras "desmentir, una vez más, las informaciones publicadas sobre un supuesto acoso o persecución laboral", el PSOE de Extremadura ha reiterado que "se trata de bulos y mentiras difundidos de manera irresponsable".
Por todo ello, ha anunciado el inicio de acciones legales "contra quienes lancen este tipo de acusaciones falsas y contra quienes, de manera consciente, contribuyan a su difusión". "El PSOE de Extremadura defenderá su honorabilidad y la de sus responsables frente a cualquier intento de difamación", concluye la nota emitida este viernes por el PSOE.
Desde la formación socialista, señalan igualmente que "es muy llamativo que el asunto se dé a conocer a los canales internos del partido ahora, cuando el despido tuvo lugar hace más de un año".
Ayer por la tarde, al desvelar este periódico la noticia, José Luis Quintana desmintió las acusaciones de la militante -ferviente seguidora de Pedro Sánchez-, pero no habló de emprender acciones judiciales. En su cuenta de Twitter, el íntimo amigo de Pedro Sánchez aseguró: "Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso".
Esta mañana, Quintana ha escrito un segundo tweet en el que ya sí amenaza con presentar denuncias: "Tras desmentir, una vez más, lo publicado hoy por algunos medios, sobre el acoso laboral que una militante está difundiendo en redes. Reafirmo que son mentira. Anuncio que iniciaré acciones legales contra quien lance o difunda estos bulos". La afectada sigue confirmando los hechos y la denuncia después de la noticia adelantada por EL MUNDO.
https://www.elmundo.es/espana/2026/01/02/6957b62dfc6c8392178b457f.html
La denuncia, presentada el pasado mes de mayo, relata que sufrió amenazas por teléfono, difamaciones y todo tipo de presiones que derivaron en su despido laboral
Ojalá pueda demostrar algo para que los extremeños se quiten a otro pieza socialista.
Solo falta que acusen al Perro de acoso, aunque seguro que sería a un tío y no le importaría a nadie
#109 En fin vaya gentuza que hay en el PSOE.
https://www.elmundo.es/espana/2026/01/02/69580534fc6c8343628b45a7.html
Vale la pena leer este culebrón y ver cómo enlaza con otros asuntos y personajes de actualidad. A saber hasta dónde llegan los tentáculos de la mafia socialista.
Más de una decena de casos de abusos sexuales del PSOE: Silencio administrativo
Se publica un posible caso de Julio Iglesias:
#112 Lo de la PSOE y su capacidad para manipular a la población se estudiará en los libros de historia.
La víctima del alcalde de Almusafes amplía la denuncia y señala a dos cargos del PSOE local
Les atribuye un patrón de hostigamiento que eleva a cuatro las mujeres del entorno socialista denunciadas
El alcalde Almusafes, Toni González, durante un acto de su municipio. | THE OBJECTIVE
Jorge Mestre
Publicado: 17/01/2026 • 05:30
La causa abierta en la población valenciana de Almusafes por el presunto caso de acoso sexual y laboral atribuido a su alcalde, el socialista Toni González, ha dado un nuevo giro que no solo complica aún más el escenario político del máximo regidor, sino también el del PSOE valenciano. La mujer que denunció a González ha ampliado su actuación ante la Guardia Civil y ha señalado ahora a dos mujeres vinculadas a la ejecutiva local del partido, a las que atribuye un trato hostil tras los hechos denunciados en los grupos de comunicación internos de la empresa pública donde la denunciante está contratada.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la presunta víctima compareció esta semana en dependencias de la Benemérita para formalizar una nueva denuncia relacionada con hechos posteriores a la presentación inicial del caso. En su declaración, la mujer detalla episodios que, a su juicio, se produjeron como consecuencia directa de haber acudido previamente a la Oficina Antifraude de la Generalitat Valenciana y de haber puesto en conocimiento del PSOE y de las autoridades la situación de acoso padecida.
La denunciante identifica a dos trabajadoras de la empresa pública municipal y militantes socialistas —B. M. y C. J.— como autoras de conductas dirigidas a desacreditarla y menospreciar su papel de representación sindical dentro de la empresa pública.
Conflicto interno
En su declaración, la mujer explica que los hechos se han producido recientemente en el contexto de un grupo de mensajería instantánea utilizado por trabajadoras de la empresa pública del Ayuntamiento de Almusafes. En ese foro, señala, compartió información de carácter laboral sobre la posible ilegalidad de instalar sistemas de fichaje en dispositivos móviles personales, una cuestión sobre la que —según expone— había recibido asesoramiento jurídico.
Tras la difusión de ese mensaje, la denunciante sostiene que las dos personas ahora señaladas reaccionaron de forma relevante para desacreditarla públicamente, cuestionar su legitimidad y generar un clima de hostilidad en su contra. La documentación aportada recoge que estas actuaciones ya tuvieron su origen en los grupos de WhatsApp del PSOE local, donde las denunciadas se solidarizaron con el alcalde e invocaban pasar a la acción para manifestar públicamente la adhesión inquebrantable con la autoridad munícipe puesta en cuestión.
La denunciante subraya que, hasta el momento en que decidió acudir a Antifraude, mantenía una relación cordial y profesional con dichas personas, y que el cambio de actitud solo se produjo tras hacerse visible su denuncia contra el alcalde de la población. A su juicio, ese giro no puede entenderse como un conflicto laboral ordinario, sino como una reacción directa a su decisión de denunciar.
Vínculos orgánicos y contexto político
Uno de los elementos que adquiere mayor relevancia en la ampliación de la denuncia es el vínculo orgánico de las dos personas señaladas con el PSOE de Almusafes. Según consta en el acta, ambas forman parte del entorno político del partido en el municipio y del propio alcalde, quien, aunque formalmente apartado del grupo socialista, sigue manteniendo influencia en el día a día de la organización local. Al menos una de las denunciadas tendría responsabilidades en la estructura municipal o en el ámbito de gestión de la empresa pública.
La víctima sostiene que ese contexto explica la ausencia de oposición previa a sus planteamientos sindicales y el cambio posterior, que coincide temporalmente con la presentación de la denuncia contra el primer regidor ante la Agencia Valenciana Antifraude y del canal antiacoso del PSOE.
Este nuevo paso se produce en un momento especialmente delicado para el PSOE valenciano, que arrastra desde entonces una crisis interna por la gestión política del caso del alcalde. La decisión de González de abandonar sus cargos orgánicos, pero mantener la alcaldía y el acta de concejal, abrió una brecha entre la dirección autonómica y sectores de la estructura provincial, una tensión que posteriormente se trasladó a la configuración de la gestora local.
Un patrón de hostigamiento
Con esta nueva denuncia, ya son cuatro las mujeres del entorno socialista denunciadas por la presunta víctima, además del propio alcalde. A las dos militantes ahora señaladas se suman dos dirigentes socialistas denunciadas el mes pasado por amenazas, injurias y calumnias dentro del mismo contexto de hostigamiento.
Tal y como informó THE OBJECTIVE el pasado 19 de diciembre, presentó dos denuncias penales tras recibir mensajes y ataques en redes sociales y canales internos del partido en los que se ponía en duda su credibilidad y se la instaba, de forma explícita, a quitarse la vida. Aquellos hechos, documentados en sede policial, se produjeron en las primeras horas posteriores a hacerse público el caso del alcalde.
Fuentes jurídicas consultadas subrayan que la relevancia del caso no reside solo en el número de denuncias, sino en la coincidencia del perfil de las personas señaladas, todas ellas vinculadas al aparato socialista local y al alcalde, y en la continuidad temporal de las actuaciones denunciadas.
Represalias y presiones
El nuevo escenario añade complejidad a un caso que ya había adquirido una dimensión política relevante y que ha colocado al PSOE en una posición incómoda en términos de discurso y coherencia interna. Fuentes del entorno de la denunciante insisten en que su actuación responde a la necesidad de proteger su integridad y su función de representación de los trabajadores en la empresa local. En su declaración, afirma sentirse señalada, cuestionada y aislada desde que decidió denunciar, y sostiene que determinadas actitudes no pueden desligarse del contexto político en el que se producen.
La ampliación de la denuncia introduce así un nuevo foco de presión sobre el PSOE de Almusafes y, por extensión, sobre la dirección autonómica del partido, comandada por la ministra Diana Morant, que ha defendido públicamente una línea de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda interpretarse como acoso, presión o represalia en el caso del alcalde de Almusafes.
Acoso sexual por parte del alcalde, acoso laboral, amenazas e injurias por parte de cuatro mujeres del PSOE, ampliación de la denuncia en la Guardia Civil... esto no parece la maniobra de una despechada como con en el circo de Errejón.
Una supuesta denuncia por presunto acoso sexual en Móstoles sigue sin resolver esperando respuesta del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar Puente. El caso data de noviembre de 2024, cuando se activó en el Ayuntamiento un expediente disciplinario por presunto acoso sexual que afecta a un antiguo funcionario con habilitación nacional del consistorio (un puesto que depende del Estado y que incluye a secretario del Ayuntamiento, interventores y tesoreros).
El 14 de octubre de 2024, el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento activó un procedimiento confidencial tras tener conocimiento de la denuncia. La instrucción se realizó conforme al Real Decreto 247/2024, que regula el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado, tal y como consta en la documentación consultada por LA RAZÓN .
Concluida la fase interna, el 8 de noviembre de 2024 el Consistorio elevó las conclusiones a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid. La Consejería, a su vez, entendió que los hechos podrían constituir una “falta muy grave” y remitió el expediente al Ministerio de Óscar López en noviembre de 2024.
Desde entonces, tal y como aseguran fuentes municipales, no consta que se haya tramitado el expediente ni que se haya pedido declaración alguna a los afectados.
El caso fue denunciado por una funcionaria que relata comportamientos en los que el denunciado trataba de generar situaciones que le llevasen a permanecer a solas con ella en el despacho. La funcionario habría sufrido “comportamientos impropios consistentes en forzar estar a solas, mirada incómodas, preguntas personales, indagación sobre sus costumbres, y de igual manera prohibir a otros funcionarios que estuvieran presentes en reuniones forzadas, todo lo anterior produjo una situación de estrés a la funcionaria que requirió la asistencia médica y psicológica”, expone la información que consta en el Ayuntamiento.
Según el expediente, esta situación derivó en un cuadro de ansiedad por el que la trabajadora recibe asistencia médica y tratamiento psicológico actualmente.
En enero de 2025, el Ayuntamiento autorizó a la funcionaria a desempeñar su trabajo en modalidad de teletrabajo tras su reincorporación, como medida organizativa adoptada en el marco del procedimiento.
Los funcionarios con habilitación nacional dependen disciplinariamente del Estado, por lo que corresponde al Ministerio resolver el expediente una vez recibido, en este caso al ministerio del que es titular Óscar López.
