Conflicto en Nicaragua

Una pareja llora en el funeral de un joven fallecido durante los choques con las 'fuerzas especiales'. / AFP

• Continúa la espiral de asesinatos, arrestos arbitrarios y desapariciones en Nicaragua
• Daniel Ortega no adelantará elecciones en Nicaragua porque "crearía inestabilidad e inseguridad"
  http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/24/5b5738ea268e3e58228b45e8.html
• Las madres de los presos políticos en la cárcel del terror de Ortega, amenazadas: "Las vamos a matar"
  http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/24/5b560c96e5fdea4d7c8b458c.html

Lejos de aflojar la represión, el régimen sandinista sigue su intensa cacería de nicaragüenses del común que participaron en las protestas. Continúa la espiral de asesinatos, arrestos arbitrarios y desapariciones. Solo en la última quincena se registraron seis personas muertas al día de media, en el contexto de la grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

El informe puntual de lo que sucede a diario, que ya reporta 448 asesinatos entre el 19 de abril y el 25 de julio, lo realiza la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), entidad independiente y apolítica, que recoge información precisa en todos los rincones del país. De los fallecidos, 115 recibieron disparos en la cabeza.

En cuanto a los 2.832 heridos, cabe reseñar que 72 de ellos sufren "un daño permanente para toda su vida".

Otro capítulo que preocupa sobremanera a la ANPDH son los "secuestros". Los diferencia de los arrestos legales "porque las realizan grupos armados parapoliciales sin orden judicial". Ya van 718 desde abril y más de uno ha sido, según la ONG, "severamente torturado".

"Nos preocupa la profunda crisis de violación de los derechos humanos. Necesitamos que el Estado retome prontamente su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos", le dice a EL MUNDO Álvaro Leyva, Secretario Ejecutivo y portavoz de ANPDH, tras una rueda de prensa donde presentó el informe. Y en cuanto a si atisba una salida pronta, dada las declaraciones de Daniel Ortega en Telesur esta semana, negando que tenga su Gobierno nada que ver con los crímenes, considera que "no hay una coherencia entre la realidad y lo que dice. La realidad es lo que cuenta la gente y los organismos que recogemos las denuncias del ciudadano afectado. Yo creo que es importante escuchar al pueblo y cuando no se escucha, se produce un rompimiento de la credibilidad de sus autoridades. De ahí viene la alteración de la paz social".

El sacerdote Edwin Román, de la parroquia San Miguel de Masaya, de paso por Managua, confirmó a este diario que "hay mucho terror en mi ciudad por la presencia de los paramilitares y porque últimamente se han llevado familias enteras. Muchas de ellas solo estaban realizando su derecho de manifestarse públicamente o quizá tuvieron una barricada frente a su casa y dieron agua o de comer a los estudiantes, que son vecinos. Yo como sacerdote tenía barricadas frente a la casa cural y les daba agua", explica. "Ahora en Masaya, por la mañana sale la gente mayor, sobre todo mujeres, a hacer compras, pero es un peligro. Y por la noche es una ciudad fantasma. No hay ni luces".

Estudiantes protestan para exigir la dimisión del presidente Ortega en Managua. / MARVIN RECINOS / AFP

• Las madres de los presos políticos en la cárcel del terror de Ortega, amenazadas: "Las vamos a matar"
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• Agujeros de bala como reliquias de la represión en Nicaragua
  http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/24/5b5615bee5fdea4d7b8b4595.html

La calle sigue gritando con fuerza que se vaya ya, las organizaciones humanitarias denuncian cientos de detenciones arbitrarias esta misma semana. Y Daniel Ortega responde atornillándose en el sillón presidencial. "Yo no he manifestado que hay que adelantar elecciones. Más bien, adelantar elecciones crearía inestabilidad e inseguridad, peor aún en estas condiciones", adujo el mandatario de 72 años, que ya suma once en el cargo. "El pueblo va a decidir en las elecciones del 2021".

Hizo la afirmación en una sorprendente aparición en 'Fox News'. No es que revelara nada extraordinario, sino que llamó la atención que llevara nueve años sin conceder una sola entrevista a un medio extranjero independiente que no sea afecto al régimen, estilo la chavista 'Telesur', y el presidente nicaragüense decidió romper su regla y dársela a la citada cadena de televisión norteamericana ultra conservadora, la favorita de Donald Trump.

No dijo nada diferente a repetir la posición oficial de negar la realidad y no tuvo empacho en desmentir sus propias palabras. Además de la negativa a modificar el calendario electoral, Ortega manifestó que el país ha recobrado la calma y aseguró sin inmutarse que no controla ni nada tiene que ver con los grupos paramilitares que siembran el terror. Agregó que los podrían estar financiando cárteles de la droga, posibilidad sobre la que no ahondó ni otorgó mayor importancia.

En cuanto a sus relaciones con la Iglesia Católica, a la que él y su extravagante mujer, Rosario Murillo, han tachado de golpista y terrorista, aseveró que no atraviesan inconveniente alguno y que si el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, es una de las voces más críticas de su gobierno se debe a que no conoce la nación porque llevaba décadas viviendo en el extranjero. "Desde que llegó a Nicaragua llegó con ese discurso porque él no vivió la época de la guerra", apostilló Ortega.

Casi a la misma hora en que emitían la entrevista, los universitarios se manifestaban en Managua, León, Matagalpa y Boaco para celebrar el Día del Estudiante y exigir justicia por los asesinatos de sus compañeros así como la salida de la pareja presidencial. "Que se van, se van", se ha vuelto su consigna. En la capital, miles de ellos, acompañados de gentes de todas las edades y condición social, recorrieron una de las arterias principales para desembocar en la Plaza Rubén Darío, donde cantaron el himno nacional como broche final a su marcha pacífica.

No concluyeron en la UCA (Universidad Centro Americana), situada a poca distancia, tal y como estaba programado, para evitar cualquier riesgo de enfrentamiento con los sandinistas. El Gobierno había organizado de nuevo una contra-marcha con el fin tanto de frenar la de sus opositores como de ofrecer la imagen ante la nación de que el pueblo les apoya. Con camisetas blancas y agitando banderas rojinegras del Frente Sandinista, también clamaron justicia.

Para diversos entrevistados por EL MUNDO, las manifestaciones que promueve el Gobierno están infladas porque obligan a los funcionarios a participar en ellas. "Mi esposa está en una entidad que tiene que ver con el Gobierno y le toca ir", asegura a EL MUNDO un asistente a la manifestación opositora, que perdió su trabajo debido a la crisis económica por los tres meses de revueltas. "Pero la salida a esta situación no es dejar las cosas como están y olvidar, es imposible después de matar a trescientas personas".

Aunque ya casi no hay muertes, siguen creciendo las detenciones o "secuestros", como los denomina la CPDH (Comisión Permanente de Derechos Humanos). De ahí que buena parte de los manifestantes se cubran la cara con pañuelos o máscaras. Según sus datos, se han producido 758 en solo 24 horas, y 120 desapariciones.

"Los grupos paramilitares secuestran a los estudiantes puesto que no media ninguna orden judicial, los entregan a la policía y los llevan a un centro penitenciario sin que nadie se dé cuenta y puedan defenderse", explica a EL MUNDO Dienis Darce, director de Proyectos de dicha organización que realiza un exhaustivo seguimiento a ese tipo de atropello. También les retiraron de la puerta del penal El Chicote, donde tenían un kiosco para atender a víctimas, como hicieron con los familiares de los presos políticos. "Tampoco cumplen la ley que obliga a informar a los familiares en máximo tres horas y dar cuenta de su paradero".

Borrell aconseja no viajar a Nicaragua

Prisión El Chipote, Nicaragua. / FOTO: SALUD HERNÁNDEZ

• En la cárcel de El Chipote, los opositores son amedrentados para que acepte crímenes que no cometieron
• Nicaragua celebra el aniversario de la Revolución sandinista en plena ola de represión
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• La represión violenta de Ortega empuja a la población de Nicaragua a un éxodo a la venezolana
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No permite que nada escape a su control. Echó a las madres, hermanas y esposas de los presos políticos que se habían instalado en las afueras del penal El Chipote de Managua, para sentirse más cerca de sus seres queridos. Las ha sustituido por un grupo de sus fieles que permanecen las 24 horas para impedirles regresar. Y, también desde el domingo, han tapizado las vallas de la entrada con una galería de fotos de los policías muertos en las revueltas.

Las medidas del Gobierno de Daniel Ortega intimidan aún más a unas mujeres que ya sufren los atropellos, amenazas e insultos de los fanáticos sandinistas. Basta acompañarlas a El Chipote cuando llevan la comida a sus reclusos, que no quieren los alimentos de la cárcel por temor a ser envenenados, para sentir el desasosiego y la tensión que soportan. Son diana del régimen orteguista por ser familiares de los detenidos -67 de los cuales están en El Chipote y decenas en otras prisiones- a quienes el presidente y su entorno consideran "terroristas". Valeska Sandoval, de 20 años, es una de ellas. Estudiante de Derecho de la UNAN, fue detenida el pasado viernes junto a otros veinticinco jóvenes en una casa de Managua. Después de que algunos de sus familiares aguardaran varias horas en la puerta de El Chipote, los guardianes anunciaron que allí no estaba y desconocían su paradero.

"La secuestraron primero en junio, en la carretera norte de Managua, con otra chica y dos chicos. Les quemaron la camioneta (todoterreno) y se los llevaron. Aparecieron al día siguiente golpeados", le cuenta a EL MUNDO una familiar. "Se fue a la UNAN porque quería seguir en la lucha". El vídeo que grabó Valeska para su madre, durante el sanguinario asalto de la policía y los paramilitares a dicha universidad, se hizo viral. "Mamá, perdóname, salí a defender mi patria. Te amo", decía la chica.

Sobrevivió al ataque y debió esconderse junto a los demás compañeros que también arrestaron el viernes. Con ella cayeron Justino Antonio Jarquin, Pedro Sánchez y Carlos Pavón, todos igual de jóvenes. Sus familias al menos saben que siguen en El Chipote.

"Son las cárceles de tortura que tiene Nicaragua. Las usó Somoza y las está usando ahora el genocida presidente. Nosotras nos instalamos en las afueras de ese lugar porque encontramos un poquito de paz, de tranquilidad, en medio del dolor, al sentirnos más cerca de ellos", le dice a EL MUNDO Betsaida Guzmán, mujer de Oscar Danilo Mendoza. "A mi esposo, de 31 años, lo detuvieron en una casa de refugio con otros diez, uno de ellos menor de edad, en Sábaco [a 121 kilómetros de Managua, departamento de Matagalpa] y lo acusaron de terrorista. Fue militar hasta el 2008 y últimamente trabajaba de moto-taxista", cuenta Betsaida. "Unas semanas antes de su detención, fue convocado por el ejército y asediado por la policía nacional para que hiciera parte de los paramilitares asesinos de este gobierno. Son muchos ex policías y ex militares que han captado. Él se negó, me dijo: 'me están convocando para hacer parte de los paramilitares y yo no voy a beberme una gota de sangre de mi pueblo. Prefiero que me maten'".

A otros, como a Norlan José Ibarra, les arrestaron solo por hablar con estudiantes. "Al lado de mi casa había dos tranques (barricadas) y los chavales dormían allá mismo. A mi hijo se lo llevaron sólo porque les hablábamos a los estudiantes", rememora llorando la madre.

Según denuncia Betsaida, que ha buscado refugio junto a otros familiares en el recinto de la catedral de Managua, amedrentan a los presos políticos en la cárcel "tratando que acepten culpas que no tienen, crímenes que nunca han cometido. El único crimen que han cometido es amar a Nicaragua". Betsaida revela que también ellas están en peligro. "Nos han dicho: 'A ustedes las vamos a matar'. Tenemos temor por las represalias que se pueden venir. Pero no nos vamos a cansar para probar la inocencia de ellos. Los criminales y terroristas están sentados en el poder dirigiendo la masacre contra Nicaragua".

Dos mujeres protestan frente a los juzgados de Managua, Nicaragua. / JORGE TORRES / EFE

• Ortega lanza un fuerte ataque contra una zona rebelde que deja al menos dos muertos
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• Edgar Genie, ex embajador de Nicaragua en Colombia: "No puede haber impunidad para Ortega y su familia"
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La población en Nicaragua comienza a hacer las maletas para abandonar el país al constatar que el régimen de Daniel Ortega, lejos de tirar la toalla, incrementa cada día la represión violenta que ha causado ya 350 personas fallecidas y miles de heridos en tres meses de protestas. Lo que comenzó el 18 de abril como unas manifestaciones pacíficas contra la reforma del seguro social, se ha tornado en una especie de 'guerra civil' en la que el Gobierno quiere acabar por la vía de las balas con todo atisbo de oposición llegando incluso esta semana a disparar a decenas de estudiantes refugiados en una iglesia de Managua, donde murieron dos de ellos.

Ante un panorama de incertidumbre en el que la tibia presión internacional y la llamada al diálogo de la Iglesia Católica no hacen mella en Ortega, la ciudadanía ha comenzado a perder la esperanza de un cambio y está optando por un éxodo similar al que se dio en Venezuela. Pese a que las cifras son muy inferiores a las de Venezuela, donde según datos de la ONU, más de 100.000 personas llegaron a solicitar asilo en el exterior y otras 130.000 optaron por otras alternativas migratorias, en Nicaragua aumenta el flujo de gente que huye sobre todo a Costa Rica para dejar atrás la incertidumbre política, que está dejando un reguero de sangre en las calles del país centroamericano. "Lo único que tengo seguro aquí (en Costa Rica) es que no me van a matar como en Nicaragua", aseguró al diario 'La Prensa' una de las personas que llegó a pernoctar en las oficinas de Migración de San José en busca de una solicitud de refugio.

La denominada 'Operación Limpieza' impulsada por el régimen de Ortega no solo está provocando cientos de muertos, sino la salida del país de muchos nicaragüenses ante el temor de caer en manos de las huestes de un régimen que ha mostrado su peor cara enviando al Ejército y a grupos de paramilitares para reprimir las protestas encaminadas ya a lograr un cambio en el poder.

El país más afectado por esta situación es Costa Rica, donde ya de por sí viven alrededor de 500.000 nicaragüenses, muchos en situación irregular, por lo que han aprovechado la ola de violencia que sufre su país para solicitar refugio de forma masiva en la sede central de Migración y Extranjería de San José. De esta forma, ya podrían residir de manera legal en el país vecino, aunque el director interino de Migración de Costa Rica, Daguer Hernández, ya ha advertido de que no todas las personas son candidatas a obtener refugio, debido a que no están huyendo del conflicto en Nicaragua, sino que llevan ya años viviendo en ese país de manera irregular.

Según indicó en declaraciones a 'La Nación', semanalmente se están otorgando cada lunes 1.000 citas de solicitud de refugio a la que solo pueden aspirar "aquellas personas que tengan fundados temores de ser perseguidas por nacionalidad, raza, religión, género, pertenencia a grupo social u opiniones políticas". Hernández precisó que son pocos los migrantes de Nicaragua que están obteniendo este tipo de permiso. En 2017, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio solo aprobó el 6% de las solicitudes de refugio teniendo en cuenta que el resto solo pretendía regularizar su situación migratoria.

No obstante, cada día son más los residentes nicaragüenses en Costa Rica que acuden a las oficinas de Migración para obtener el ansiado permiso, por lo que se han llegado a atender en un solo día a 4.000 personas desesperadas por lograr la categoría de refugiadas, según han informado medios locales.

Ante la previsión de que la migración a Costa Rica vaya en aumento, el Gobierno de ese país creó el pasado mes de junio una Comisión Interinstitucional para dar seguimiento a los flujos de población que escapa de la violencia en Nicaragua. Este organismo prevé incluso la instalación de albergues, en caso de que el éxodo fuera masivo, si bien aún no se ha dado esta situación.

Mientras, las oficinas consulares de Costa Rica en Nicaragua han registrado un incremento del 42% en las solicitudes de visas, en relación con hace un año, por lo que en la sede de Managua se contabilizan un promedio de 600 peticiones diarias y en la de Chinandega se registran 320, según informó al diario 'La Nación' el Embajador de Costa Rica en Nicaragua, Eduardo Trejos. Precisamente, siete ex presidentes de Costa Rica suscribieron esta semana una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, para avisarle que si continúa la violencia, "podría muy bien desencadenar una nueva guerra civil en esa nación con enorme prejuicio para el resto de Centroamérica".

Manifestantes en una protesta contra el Gobierno en Managua. / BIENVENIDO VELASCO / EFE

• Noche de pánico en Managua tras el ataque a tiro limpio contra la marcha pacífica de las madres
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Al menos 11 muertos, dos de ellos policías, ha dejado como resultado un ataque armado del Gobierno de Nicaragua en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en la zona Pacífico, informó hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Las muertes ocurrieron durante ataques simultáneos a Diriamba y Jinotepe, que comenzaron de madrugada y se extendieron hasta la noche de este domingo, víspera de la reanudación del diálogo nacional para intentar resolver la crisis que atraviesa este país centroamericano.

"Manejamos 11, de ellos, siete están identificados, hay otros dos que sabemos que fueron asesinados con una granada de mano, y otros que están en la morgue. Estos datos no son definitivos sobre lo que ocurrió hoy", dijo a Efe una portavoz del Cenidh.

Los activistas del Cenidh coincidieron con los manifestantes "autoconvocados" de ambas ciudades, en señalar que la mayoría de las muertes fueron ocasionadas por las "fuerzas combinadas" del Gobierno, conformadas por policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, fuertemente armados.

La Policía Nacional únicamente informó de dos fallecidos en el ataque, ambos policías, y atribuyó las muertes a grupos de "terroristas".

Esta misma noche las "fuerzas combinadas" también atacaron la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde "secuestraron" al menos a tres estudiantes, según el Cenidh, que no califica como "arrestos" las detenciones ilegales del Gobierno.

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, confirmó que hubo un tiroteo cerca de su casa, al sur de Managua, pero precisó que la vivienda "no fue el objetivo de los disparos" y dijo estar bien.

Ataques similares a los de Jinotepe y Diriamba han sufrido ciudades como Estelí, La Trinidad, Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa, Masaya, entre otras, donde existen manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega.

Hasta el viernes pasado la cifra de fallecidos por la represión en Nicaragua era de 310, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.

La CIDH ha señalado "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.

El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

Las protestas no cesan en Nicaragua / EL MUNDO

• Los enfrentamientos se produjeron en la 'Madre de todas las Marchas'
• "Nicaragua exige justicia a Ortega"
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• Una batalla campal en Managua fuerza la reactivación del diálogo
  http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/29/5b0ce08922601d487f8b45c6.html

"Exhorto a toda la población en Managua a resguardarse y volver a sus casas. Eviten correr riesgos, no se dejen provocar. Es peligroso andar fuera esta noche", advirtió monseñor Silvio José Báez, integrante de la Conferencia Episcopal, que participa como mediador y testigo en la Mesa del Diálogo entre gobierno por un lado y estudiantes, empresarios y sociedad civil por otro.

La advertencia del obispo auxiliar de la capital no era para menos. Managua vive a esta hora una mezcla de terror e indignación tras el ataque de turbas paramilitares contra la gigantesca marcha pacífica, bautizada como la "madre de todas las marchas" aprovechando que ayer se celebraba en Nicaragua el día de las madres. Con 15 jóvenes muertos y un número indeterminado de heridos es el balance provisional del tiroteo desencadenado en la zona universitaria de Managua. En los centros hospitalarios Bautista y Vivián Pellas no dan abasto para atender a los heridos.

Lo que parecía iba a ser la cuarta gran demostración de fuerza en los 42 días de rebelión popular contra los abusos de la pareja presidencial, convocada por las "madres de abril" (de los chicos asesinados), se convirtió finalmente en otro aquelarre violento.

"Turbas del gobierno están disparando a matar", denunció el padre José Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana (UCA). "Más de 5.000 personas lograron ingresar (en el campus) mientras muchos huyeron en otras direcciones. Un sinnúmero de heridos fueron atendidos por voluntarios", destacó en un comunicado el centro universitario de los jesuitas.

"Los disparos provenían de francotiradores del estadio Dennis Martínez. La represión violenta continúa bajo la mirada del presidente Ortega", añadió Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI) y presente en el lugar de los hechos.

"Un hermoso día de multitudes honrando a las madres de los muchachos caídos ha terminado en tragedia con más asesinados y heridos. ¿Hasta cuándo?", se interrogó el escritor Sergio Ramírez, antiguo vicepresidente en los primeros tiempos del sandinismo y hoy detractor de los Ortega.

Francisco Reyes Zapata, de 33 años, se convierte así, según medios locales, en la última víctima mortal de las protestas, entre 80 y 90. Su muerte sucede pocas horas después del acuerdo alcanzado entre el presidente Daniel Ortega y Luis Almagro, secretario general de la OEA, por el cual cuatro especialistas elegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigarán todos estos asesinatos, que en su mayoría llevan la firma de la Policía Nacional, agentes antimotines, brigadas de choque paraestatales y miembros de la Juventud Sandinista.

Una vez más, la versión policial es muy distinta. Según Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, la concentración oficialista que se llevaba a cabo junto a la rotonda Hugo Chávez fue atacada por sujetos encapuchados, confirmándose "la muerte de dos compañeros de la juventud sandinista".

Durante la mañana también se produjeron enfrentamientos violentos en Estelí, con otras dos muertes, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los incidentes continuaron durante toda la tarde en otros lugares del país, como Chinandega, al margen de nuevas embestidas contra el canal independiente 100% Noticias y la oficialista Radio Ya.

La concentración oficialista en la capital estuvo encabezada por Daniel Ortega, quien disparó un discurso "de paz" a sus seguidores. Un discurso con metamensaje incluido, dirigido a esa gran mayoría que exige su salida del gobierno: "Nicaragua es de todos y aquí nos quedamos todos".

El aliado centroamericano de Cuba y Venezuela se dirigió indirectamente a Carlos Pellas, el empresario más poderoso del país, quien en una entrevista publicada ayer apostó por el adelanto electoral para resolver la crisis.

"Nicaragua no es propiedad privada de nadie", clamó el viejo guerrillero sandinista, cabecilla del clan familiar (compuesto por su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, y sus 8 hijos, que se reparten medios de comunicación, inversiones públicas y contratos millonarios), que ha gobernado 11 años en su segunda etapa gracias a los acuerdos alcanzados precisamente con los empresarios privados, la Iglesia Católica y EEUU.

El presidente sandinista aseguró que "el odio está sacando las uñas cuando teníamos un país en paz. El odio tratando de destruir ese país, esa Nicaragua admirada en el mundo", en un discurso calcado al que suele realizar el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En el informe hecho público el martes por AI se subraya que "la estrategia letal de represión contra manifestantes combina el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar una protestas", confirmando así lo adelantado por la CIDH.

Según la última encuesta de Gallup, el 69% de los nicaragüenses apuesta por la salida inmediata de los Ortega.