GIJÓN. No corren buenos tiempos para el sindicalismo ni para la UGT de Asturias, el mayor sindicato de la región con más de 40.000 afiliados. Como la mayoría de las instituciones y empresas -UGT no deja de ser también una empresa con cerca de 70 empleados- la crisis aprieta y en algunos casos demasiado. Tanto que el sindicato tuvo que pedir hace un año un préstamo de urgencia de 700.000 euros a la organización a nivel nacional para hacer frente a deudas de anteriores ejercicios y a finales de 2012 planteó un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir el 20% de la jornada de trabajo de 65 trabajadores durante un periodo de cuatro años, con una rebaja de los salarios en ese mismo porcentaje.
Los motivos no son otros que dificultades financieras y la imposibilidad de mantener la estructura del sindicato con los ingresos actuales. La situación económica del sindicato «es insostenible, comprometiendo la viabilidad futura de nuestra organización y el empleo en la misma», según consta en una sentencia de 14 de junio de 2013 del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en la que se anula la aplicación del ERE para un trabajador que había recurrido la modificación de sus condiciones de trabajo.
Esta sentencia y otras como la que condena al sindicato y a su líder, Justo Rodríguez Braga, por vulneración de derechos fundamentales de un trabajador de los servicios jurídicos, han desvelado las tripas de UGT Asturias y la difícil situación económica que atraviesa desde hace varios años. Estas sentencias, en efecto, son una radiografía del sindicato y desvelan datos sobre sus cuentas, la evolución de su afiliación y los fondos públicos que recibe la organización, datos que siempre se han mantenido en la más absoluta reserva quizás porque lo que se suele decir de que los sindicatos se financian con las cuotas de sus afiliados está muy lejos de la realidad.
De acuerdo con los datos aportados por el sindicato para justificar su ERE, las pérdidas económicas en 2010 ascendieron a 206.494 euros y a 109.324 en 2011, pese a las medidas puestas en marcha ese año para reforzar los ingresos de la organización como el establecimiento de aportaciones a la Unión Regional por parte de las federaciones de rama por el uso de las instalaciones y del servicio jurídico. De hecho, UGT creó una comunidad de usuarios de la sede de Oviedo e implantó otras medidas de ahorro como una reducción del 30% en el consumo de papel o del 25% en los teléfonos. Para 2012, la estimación de pérdidas era de 207.000 euros y para 2013 de 184.000.
Además, a finales de ese año se suprimió el complemento de productividad de los trabajadores del servicio jurídico y se anuló el sistema de carrera profesional de estos empleados, los que más cobran en el sindicato.
Las pérdidas económicas tienen su origen en el crecimiento de los gastos de personal por reclasificación e incrementos salariales, la reducción de las subvenciones, el descenso de la afiliación, la supresión de programas y actividades financiadas por las distintas administraciones y la conflictividad laboral. Con la reducción de la jornada laboral prevista en el ERE, UGT pretendía ahorrarse 261.000 euros.
¿Por qué UGT atraviesa graves problemas económicos? Básicamente, porque las cuentas no salen, sobre todo por la reducción de las subvenciones e ingresos públicos. Su afiliación ha pasado de 49.024 personas en 2009 a 44.777 en 2012, de los que el 32,94% tienen cuotas reducidas y especiales.
En 2011, de un total de 6,9 millones de euros de ingresos 2,3 millones correspondieron a cuotas y 4,7 a subvenciones, lo que significa que casi el 70% de los fondos del sindicato son públicos y proceden de su participación en organismos, foros e instituciones oficiales.
Por su participación institucional, ese año recibió 570.000 euros del Principado; 46.739 por su presencia en el Consejo Económico y Social (CES); y 3,8 millones por la realización de programas de formación para ocupados, formación FSE, bienestar social, mujer, juventud, delegados territoriales y su presencia en el Instituto de Riesgos Laborales (IAPRL). En 2012 las subvenciones ya se redujeron considerablemente y en 2013 la estimación del sindicato era que esos ingresos caerían un 63%.
Se pude decir y UGT así lo señala en la documentación presentada para justificar la presentación del ERE, que el sindicato corría riesgo de entrar en colapso financiero, por lo que se vio obligado a plantear duras medidas de recorte. Curiosamente, como hicieron otros sindicatos como CC OO, el expediente de regulación de empleo se tramitó aprovechando los artículos 41 y 47.2 del Estatuto de los Trabajadores modificados por la Reforma Laboral, que permiten a las empresas -y en este caso a los sindicatos- cambiar las condiciones laborales de sus trabajadores sin autorización judicial y administrativa previas.
El comité no firmó el ERE ni planteó conflicto ante los juzgados de lo Social para dar libertad a cada trabajador para presentar denuncia. Y resulta que tres de los que llevaron al sindicato a los tribunales ganaron los pleitos al anular los jueces la aplicación del expediente por defectos de forma, porque no estaba suficientemente acreditada la situación económica de UGT, faltaba documentación y porque la reducción de jornada no era tal y se limitaba a una simple rebaja salarial.
Una sentencia de 19 de febrero del Juzgado de lo Social Nº 1 de Oviedo es especialmente dura en este sentido porque destaca que UGT presentó sus cuentas sin auditar -aunque los sindicatos no tienen la obligación de que un auditor externo revise las cuentas-, la cuenta de resultados de 2012 se presentó únicamente hasta mediados de junio y en ella reflejaba unos beneficios de 118.591 euros y solo hubo una revisión parcial de sus finanzas que no estaba firmada por el autor y únicamente llevaba la firma de la secretaria de administración.
La sentencia no sentó nada bien al sindicato y a su cúpula. En concreto, el propio secretario general, Justo Rodríguez Braga, en una conversación grabada por un trabajador que demandó a la organización -y que se admitió como prueba en el juicio- habla de «vendetta» contra el sindicato y asegura que «no somos una organización rara, ni de negreros ni explotadores (...)». Y añade, en relación con la jueza que firma la sentencia que «(...) esta señora nos ha humillado, nos ha machacado, y no sé por qué... sin ningún tipo de motivo, estamos jodidos económicamente, muy jodidos, si no lo quiere ver, pues ésta... no se ni dónde está... tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante».
En esa conversación, Justo Rodríguez Braga echa en cara al trabajador que sean empleados del servicio jurídico -«(...) los que más hemos formado y más hemos preparado (...)»- los que hayan recurrido el ERE ante los tribunales. «Nosotros tenemos muchos problemas fuera, ciento cuatro mil parados y seis millones y estamos echando demasiado tiempo... hemos preparado cientos de papeles para este juicio, tenemos demandas a tutiplén por una mierda de dinero, por un egoísmo de los que más ganan.... y no lo entendemos, la gente que mejor hemos tratado... a los que más les hemos subido el salario (...)».
UGT ha anunciado que recurrirá la sentencia que le condena por vulneración de derechos fundamentales. El comité de empresa -por tres votos a favor y dos en contra- ha revocado al presidente, que era el trabajador al que el juzgado había dado la razón en su demanda sobre vulneración de derechos fundamentales, en concreto por el derecho a la tutela judicial efectiva por infracción del principio de indemnidad.
