La presencia de los inmigrantes alojados en establecimientos hoteleros en Mogán comienzan a generar altercados cargados de violencia, no solo entre ellos, sino también contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, informó el periódico Tiempo de Canarias.
Los dos últimos episodios ocurridos, con lanzamiento de piedras y mobiliario, así como con la intervención de cuchillos de grandes dimensiones y de elaboración casera, han hecho saltar todas las alarmas. Así, Mogán comienza a convertirse en una ‘bomba de relojería’. ¿Cuál es la situación real que se vive en el municipio? ¿Qué ocurre con los menas? ¿Derechos Sociales da alguna respuesta?
La sensación de inseguridad comienza a crecer en las calles del municipio de Mogán. Principalmente en las zonas turísticas como Arguineguín o Puerto Rico, donde se alojan miles de inmigrantes en complejos hoteleros desde hace meses. Los continuos altercados protagonizados por estos ciudadanos que llegaron hasta la isla en patera en la oleada de 2020 generan conflictos, ya no solo entre ellos, sino también con agentes policiales. Ejemplo de ello son los dos casos conocidos este martes, uno ocurrido en la pasada nochevieja y otro este mismo lunes, 11 de enero.
¿Los protagonistas? Adultos, pero también menores no acompañados -los conocidos como menas-. Pese a las continuas demandas por parte del Ayuntamiento de Mogán para que estos inmigrantes fuesen trasladados a campamentos e instalaciones dependientes del Gobierno de España, la realidad es que el Ejecutivo regional, como respuesta rápida para tratar de desalojar el masificado Muelle de Arguineguín -llegó a adquirir el no deseado título de ‘muelle de la vergüenza’-, los derivó a complejos turísticos de los que, meses después, aún no han salido.
Normativa
La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, dio de plazo hasta el pasado 31 de diciembre para que los propietarios de estos establecimientos los desalojaran, pues no cumplían con el fin para el cual tenían licencia -alojamiento turístico-. Sin embargo, cuando se alcanza la mitad del primer mes de 2021, solo uno de los once establecimientos ha llevado a cabo dicha acción. Pero Bueno se ha encontrado con un nuevo movimiento del Gobierno de Canarias. El pasado 23 de diciembre, mediante Decreto Ley, el Ejecutivo modificó la normativa de atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados.
En dicha normativa establece que “de manera coyuntural” por razones de “emergencia social de alta demanda de acogida de personas menores”, la Administración competente podrá autorizar como centros de acogida inmediata “albergues juveniles, residencias de estudiantes, establecimientos turísticos alojativos u otros establecimientos residenciales de uso colectivo similar”. Asimismo, incluye una disposición derogatoria única que establece que “quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto ley”. Esto significa que el nuevo decreto ley no impide las sanciones por acoger a inmigrantes adultos, pero en lo que respecta a menores, no se podrán aplicar las multas establecidas por la citada ley autonómica del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos en la que basa su estrategia Mogán. Es decir, Noemí Santana, quien posee las competencias en este caso, se garantiza no tener que buscar una solución alternativa y dejarlo todo como está, pese al incremento de la inestabilidad que comienza a surgir en el sur de la isla.
Total libertad de circulación
José Cobo, de la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), señala que el problema con los inmigrantes se produce porque “tienen una total libertad de circulación y no entienden que hay una hora en la que tienen que estar en los hoteles donde se hospedan”. En relación a los conflictos surgidos con la propia Benemérita, Cobo afirma que “hacen lo que les da la gana” y, añade, “algunos tienen sus vicios que tratan de conseguir mediante coacciones, hurtos, intimidación o robo con violencia”.
Destaca, además, que el 95% de estos incidentes están producidos por inmigrantes magrebíes y que los conflictos “son casi a diario, por peleas o, incluso, acoso a chicas”. Todo ello, está provocando un “rechazo” en la población local, pues “están acostumbrados a los turistas e, incluso, a migrantes que ya son residentes en la zona”. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, preguntado por cuántos menores extranjeros no acompañados se encuentran alojados en el municipio, lamenta no poder facilitar la información porque “en Delegación del Gobierno existe un hermetismo total respecto a esto”.
Asimismo, afirma que, desde la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, es decir, por parte de Noemí Santana, “no existe comunicación con nosotros, es inexistente”. No obstante, pese a reconocer que “no hay problemas” entre los vecinos del municipio, apunta a que “sí existe falta de seguridad en la calle y la sensación de un aumento de incidencias a través de llamadas”. Y es que, según Navarro, “se dedican a practicar la mendicidad pidiendo dinero en las puertas de supermercados o se reúnen en grupos y ocupan canchas que están precintadas”. Por ello, solicita a los propietarios de los alojamientos turísticos que “les expliquen cuáles son las medidas sanitarias que existen para que las apliquen”.
Onalia Bueno ve necesario “fortalecer los recursos humanos y técnicos de la Guardia Civil”
Desde Cruz Roja, pese a los intentos realizados por parte de TIEMPO DE CANARIAS para poder tener su versión dado que son quienes les dan asistencia, han declinado la propuesta alegando que “la responsabilidad de estas personas recae sobre el Gobierno de Canarias”. Una inseguridad que está presente entre vecinos como Carmen Cruz, quien dice residir en el municipio, que alega que los conflictos producidos le provocan “incomodidad” y que “a una determinada hora ya te da más respeto salir, porque no sabes si hoy puede ocurrir algo”.
No obstante, la opinión mayoritaria es la de entendimiento y comprensión ante la situación a la que estos inmigrantes se han tenido que enfrentar para llegar hasta Canarias, pero insisten, como es el caso de Antonio Santana, en que “esto no es llegar y hacer como que todo esto es de ellos, hay unas normas que respetar, una convivencia y tienen que aceptarlo”. Finalmente, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha pedido a Delegación del Gobierno el despliegue del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 de la Guardia Civil en el municipio. La regidora recalca que los protagonistas de los altercados son “un número reducido” pero, pese a ello, entiende “necesario” el traslado de dicha unidad para “fortalecer los recursos humanos y técnicos de la Guardia Civil”. Y es que Mogán se está convirtiendo en una ‘bomba de relojería’ de la que se desconoce cuál puede llegar a ser su alcance.
