Pedro Sánchez pacta con Podemos y ERC dar más garantías a los okupas
Una enmienda en la Ley de Vivienda dificultará a los dueños los trámites para desalojar sus pisos ocupados
La Ley de Vivienda, que este jueves previsiblemente aprobará el Congreso, dificulta y ralentiza el procedimiento de expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar y por tanto, la consiguiente devolución de las viviendas a sus propietarios. A partir de ahora, el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá «certificar» si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual.
En el caso de los grandes tenedores, las exigencias se agudizan más porque será necesario que acrediten la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
Estos requisitos, que deben cumplirse para que una demanda de desalojo sea admitida, serán añadidos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal gracias a una enmienda transaccional del PSOE con Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT, aprobada el pasado jueves en la Comisión de Transportes que dio luz verde al dictamen sobre el proyecto de Ley de Vivienda, que será ratificado en el pleno de este jueves y pasará de inmediato al Senado para su aprobación definitiva.
En dicha enmienda se modifica a través de una disposición la Ley de Enjuiciamiento Criminal añadiendo en el artículo 439 dos apartados con el fin de, entre otras cuestiones, no admitir desde ahora «las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique» si «el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante».
Del mismo modo, el demandante deberá acreditar si es o no gran tenedor, según se define en la nueva legislación. En el caso de serlo, tendrá también que indicar si la parte demandada «se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica» a través de una evaluación realizada por los servicios de Vivienda autonómicos y locales, y previa autorización del propio ocupante.
Además, a los grandes tenedores se les cancelarán todas las demandas «en las que no se acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda».
Por otro lado, la disposición incluye la obligatoriedad de informar del «día y la hora exacta» de cualquier desahucio. También en los decretos, resoluciones judiciales y otros tipos de notificaciones, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejecutar el desalojo por sorpresa o sin concretar cuándo.
La oposición ha cargado duramente en las últimas semanas contra esta ley y el efecto beneficioso que tiene, dicen, para la okupación. Hace escasos días, precisamente, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluía que la nueva Ley de Vivienda obstruye y hace más complejos los procesos de desahucio, criticaba que el texto no luche contra la okupación y denunciaba el escaso efecto que tendrá el tope al precio de los alquileres.
ELECCIONES
La vivienda volverá a ser el tema político de esta semana. El jueves, el Congreso debatirá y votará el proyecto de ley con las modificaciones que fueron aprobadas en Comisión. Esta norma es uno de los ases del Gobierno con los que espera poder sacar músculo en la recta final hacia las urnas. La tramitación seguirá en el Senado y será muy rápida ya que la intención del Ejecutivo es la de aprobar definitivamente la norma antes de las elecciones del 28-M.
Fuentes del PP admiten que, pese al voto en contra que ya anticipan, no pondrán palos en la rueda del Ejecutivo para tratar de frenar u obstaculizar la tramitación. Más bien todo lo contrario: se trata de arrinconar al Gobierno con su propia ley y, en contraposición, forzar a la Cámara a un debate próximo en el que el eje sea el modelo que los populares proponen.
Dos días antes, este martes, el Senado servirá como antesala: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras en la Cámara Alta por última vez antes de las elecciones autonómicas y municipales. A pesar de que la temática de la comparecencia convocada por el presidente versa sobre materia internacional, el líder de la oposición tratará de aprovechar para retratar a Sánchez también por su fallida política de vivienda a lo largo de la legislatura y confrontar ambos modelos en esta materia.
La propuesta de vivienda de Feijóo pivota sobre tres elementos: ayudas a los jóvenes, estimulación para aumentar el mercado inmobiliario con alquileres asequibles y garantías efectivas frente a la okupación. En este último apartado, el PP ha desplegado un abanico de propuestas contundentes ante la desprotección con que la nueva ley, según la oposición, deja a los propietarios y la escasez de respuestas a los casos de okupación.
De hecho, los populares se resisten a determinar si, en el caso de que consigan llegar al Gobierno en diciembre tras las elecciones generales, procederán a derogar la norma o simplemente modificarán las partes que consideren más lesivas. En el PP ven con buenos ojos, por ejemplo, el catálogo de deducciones fiscales que propone el Ejecutivo en el texto que este jueves será aprobado en el Congreso.
Las viviendas ocupadas en la Sareb
Licitación. La Sareb ha abierto una licitación para saber cuántas de las 50.000 viviendas que el Gobierno ha prometido poner en alquiler «asequible» están ocupadas. No da cifras oficiales en los pliegos, pero busca regularizar situaciones ocupacionales no consentidas, el reconocimiento de títulos de posesión válidos, e identificar de las situaciones ocupacionales.
5.600. Según informó ayer este diario, habría 5.600 okupadas, según datos internos de la Sareb . Son familias que no pagan y que tiene imposible desahuciar por razones políticas y judiciales. De ellos hay unos 3.000 okupas que se pueden considerar «vulnerables» y otros 2.600 que sí tienen recursos.
Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2023/04/23/6445706afc6c8392168b45a3.html
Si digo lo que opino... me arrestarian antes que a un okupa.
me lo expliquen?
