El Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir una investigación penal a la diputada de Podemos Victoria Rosell por delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho.
La Sala Penal del Alto Tribunal admite así parcialmente la querella que interpuso el ex ministro José Manuel Soria contra la juez en excedencia. El Tribunal inadmite por contra los delitos de injurias y calumnias que figuraban en la querella. Rosell afirmó que la investigación que le había abierto la Fiscalía era "un intento" del entonces ministro de acabar "con un rival político". El Supremo estima que esas palabras estaban amparadas por la libertad de expresión, que prevalece sobre el honor o dignidad cuando los afectados son titulares de cargos públicos.
De esta forma, la investigación a la candidata de Podemos a ministra de Justicia se centrará en su actuación durante su etapa como responsable del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas. Más en concreto, en cómo actuó en la causa en la que mantenía imputado a un empresario que, según las investigaciones, hacía negocios con la pareja sentimental de la juez.
Los magistrados explican en su auto de admisión que el juez instructor deberá ahora investigar si la demora en la tramitación "estuvo relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales entre D. Carlos Sosa -persona con la que la señora Rosell convive y mantiene una relación afectiva -y el imputado en aquellas diligencias, D. Miguel Ángel Ramirez".
El auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, explica que la fase de investigación que ahora comienza deberá dilucidar si las distintas resoluciones dictadas en el marco de aquellas diligencias, más allá de su cobertura formal, incluso de su aparente procedencia, "no eran sino el vehículo para la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según él querellante, buscaba enriquecer a su pareja".
En definitiva, según la Sala, se trata "de afirmar o excluir si bajo la dilatada tramitación de aquel proceso se escondía un distanciamiento tal del principio de imparcialidad que las decisiones adoptadas no habrían sido sino una coartada llamada a camuflar el irreparable quebranto de los principios y deberes estatuarios que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional".
La decisión de la Sala se ha basado, además de en la querella, en los documentos solicitados por la Sala el pasado día 13, cuando rechazó la petición de la Fiscalía de archivar la querella. En particular, el Supremo ha valorado el informe sobre la tramitación de la causa elaborado por el magistrado que sustituyó a Rosell en el juzgado de Las Palmas. También la reciente declaración del empresario imputado, Miguel Ángel Ramírez, en la que se daba cuenta de los negocios con la pareja de Rosell.
"Analizados los documentos remitidos a esta Sala, los hechos que se imputan exigen ser investigados con el fin de esclarecer su verdadero alcance", dicen los magistrados.
El Supremo también ha contado con el informe remitido por el promotor de la Acción Disciplinaria, que investigó para el CGPJ la actuación de la juez. Esa investigación fue archivada, algo que según el Supremo no supone ningún "obstáculo" para emprender una investigación penal. Entre otros motivos, porque ese archivo -que aún no es firme- no pudo tener en cuenta las últimas revelaciones del empresario. En su última comparecencia, el imputado explicó que sus negocios con la pareja de Rosell no han sido sólo posteriores a la salida de esta del juzgado, sino que venían de tiempo atrás y abarcaban el periodo en el que Rosell era la instructora del caso.
Los pagos del empresario a la pareja de la juez en ese periodo son los que supondrían un delito de cohecho. Las resoluciones injustas que habría dictado la juez en favor del empresario supondrían la prevaricación.
Ahora la investigación pasa a manos del magistrado designado como instructor, Juan Ramón Berdugo. Será él quien acuerde las diligencias que estime necesarias. Entre ellas, la de llamar a declarar a Rosell en calidad de investigada, nueva denominación legal para imputada.
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El Consejo General del Poder Judicial va a investigar si un juez de Las Palmas preparó una declaración para acusar a la juez y diputada de Podemos Victoria Rosell. El Promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero, ha acordado este jueves investigar unas grabaciones difundidas de una conversación entre el magistrado Salvador Alba y un empresario imputado en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, del que Alba se hizo cargo cuando Rosell dejó el puesto para concurrir a las listas de Podemos a las elecciones del 20-D.
En la conversación grabada, Alba, supuestamente, prepara con el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, una declaración judicial que iba a servir al juez para redactar un informe sobre Rosell que le había solicitado el Tribunal Supremo para decidir si abría una causa contra la diputada de Podemos.
http://www.eldiario.es/politica/sustituto-Rosell-declaracion-exdiputada-Podemos_0_514799568.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/12/actualidad/1463043430_676408.html
