El ayuntamiento murciano de Jumilla (27.300 habitantes) hizo historia la semana pasada al ser el primero de España en aprobar la prohibición de forma generalizada y por adelantado de la celebración de las fiestas musulmanas en dependencias municipales y en la vía pública.
El pleno del ayuntamiento adoptó una moción propuesta por Juan Agustín Navarro, el único concejal de Vox, y apoyada, tras enmendarla, por el PP, para que “no se vuelva a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del Cordero”, según declaró el representante de la formación ultraconservadora.
Las dos principales fiestas islámicas (Aid el Fitr y Aid el Adha) son “una práctica cultural ajena a España”, recalcó Navarro tras el pleno, según informó el lunes el diario digital Siete Días Jumilla. “Defendemos nuestras tradiciones frente a la constante ofensiva ideológica de la izquierda por imponernos costumbres ajenas a nuestra identidad”, añadió. Aseguró que su partido defiende la libertad de culto pero “en privado”.
En Jumilla hay cerca de 2.000 vecinos de tradición musulmana (7,5% de la población), en su mayoría de origen marroquí. La alcaldesa es Severa González López (PP), que gobierna la ciudad gracias a sus diez concejales y al apoyo del de Vox. La izquierda (PSOE e IU) solo cuenta con un edil menos que los dos partidos de derechas.
Juana Guardiola, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, tachó lo sucedido de “indignante” porque la moción es “xenófoba y sectaria”. “El ayuntamiento como institución debe de ser de todos, al margen de las creencias de cada persona”, añadió. “Es un ataque directo a personas que forman parte de nuestra comunidad, que viven, trabajan y estudian aquí como cualquier otro ciudadano y tienen sus derechos como todos”, concluyó Guardiola. “Siento vergüenza ajena que esta moción saliera adelante (...)”, escribió el lunes en X el concejal socialista Juan Antonio González Gomáriz.
El ambiente islamófobo que ha recorrido en los últimos meses la Región de Murcia se ha materializado en una primera medida municipal: la enmienda aprobada la semana pasada por el Ayuntamiento de Jumilla (de 27.263 habitantes) que busca vetar las celebraciones musulmanas en las instalaciones públicas deportivas para defender las “costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”.
La moción presentada por Juan Agustín Navarro, el único concejal de Vox instaba “a prohibir la celebración pública de la denominada Fiesta del cordero y otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española”.
El PP enmendó el texto por contener puntos que vulneraban la Constitución (como el de “instar a las autoridades competentes que impidan la consolidación de prácticas culturales foráneas”) y reformuló los “acuerdos” para recogerlos en dos medidas: una, que hace referencia explícita a la defensa de la “identidad”, “los valores” y “manifestaciones religiosas tradicionales” de España; otra, en la que insta a modificar el Reglamento de Uso y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales para que se usen “exclusivamente para el ámbito deportivo” y no para “actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”. Finalmente, el texto del PP salió adelante con los votos de los 10 concejales del partido del gobierno municipal y la abstención de Vox.
La medida se ha sentido como un ataque directo dentro de la comunidad musulmana española. Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas explicó este miércoles a este periódico, cuando trascendió la noticia, que “es una normativa discriminatoria para que solo los musulmanes no puedan disfrutar de sus fiestas”. En Jumilla unos 1.500 de los vecinos profesan dicha confesión.
La aprobación de una medida que puede afectar al derecho al culto de una minoría religiosa, ¿no vulnera la Constitución? José María Contreras, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo de Olavide y que desempeñó, entre otros cargos, el puesto de director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia entre 2008 y 2010 lo explica con detalle: “No, porque no prohíbe un acto religioso en concreto, sino todos. Sería inconstitucional si se hubiera aprobado el texto que se presentó primero [el de Vox], porque ningún poder público puede optar en favor de una creencia frente a otro. Está violando el principio de igualdad”.
