Mas y ERC declararán en 18 meses la secesión si tienen mayoría

"Aunque en mi opinión su discusión no es la más relevante pues conviene más bien concentrarla en el derecho a la autodeterminación (sobre todo porque no hay referencia alguna al «derecho a decidir» en el Derecho internacional, marco jurídico decisivo en esta cuestión), debe ser considerada ya que se invoca. Y, de nuevo a mi juicio, este derecho a decidir se mantiene en una calculada ambigüedad, pues si bien parece invocarse sobre todo como recurso para no hablar abiertamente de derecho a autodeterminación, es cierto que puede ser entendido como un instrumento previo, es decir como el medio para realizar una consulta previa que pueda conducir al ejercicio del derecho a autodeterminación.

Pero volvamos al derecho a la autodeterminación. Aunque pueda parecer otra cosa, la respuesta que encontramos en el Derecho internacional, como veremos, dista de ser unívoca y sencilla, pues su recorrido pasa desde el enunciado inicial y declamatorio de los artículos 1 y 55 de la Carta de la ONU, a su consideración como principio clave del proceso de descolonización (Resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de 1960 que precisan qué pueblos son sujetos del derecho de autodeterminación, hasta ser enunciado como un derecho universal de todos los pueblos, en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 que extiende este derecho al ámbito de la consecución de gobiernos representativos. Y por tanto se perfila como derecho de todos los pueblos, tal y como formuló la Corte internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre el Sáhara occidental (16 de octubre de 1975), al definir este derecho como un derecho colectivo del que son titulares todos los pueblos. Su carácter polémico se pone de manifiesto más recientemente en el Avis consultatif del Tribunal Internacional de Justicia en lo que se refiere al caso Kosovo. Que rompería abiertamente con el principio que en principio supondría el otro polo de tensión, el de la integridad territorial del territorio del Estado.

Ahora bien, a diferencia de lo que sostienen los que podríamos denominar «soberanistas radicales» –pero también los «nacionalistas españolistas»–, lo cierto es que el derecho a decidir, como ejercicio del derecho a la autodeterminación, no necesariamente está vinculado a la afirmación de la soberanía estatal, en particular a la acepción de soberanía como cualidad absoluta e indivisible al modo en que es enunciada por Bodin y concebida por Hobbes en el marco de los procesos de construcción de los Estados nacionales modernos. Es no menos cierto, sin embargo, que el concepto de derecho a la autodeterminación en su sentido pleno comporta mucho más que el derecho a decidir, más incluso que el derecho a constituir un sujeto político propio, pues, como señala Bokatola, implica la noción de etnodesarrollo, ya que se trata de una noción multidimensional en la que se cruzan moral, política y Derecho y que, en expresión de Falk, aunque tenga coherencia teórica, ha experimentado no pocas contradicciones en la práctica internacional.

Pues bien, a mi juicio, la interpretación más correcta –y la que permite solventar de forma más razonable la dificultad a la que nos enfrentamos– sobre la aplicabilidad en el caso que nos ocupa del derecho a la autodeterminación reconocido por el Derecho internacional público, es la que recuerda en su último trabajo publicado el profesor Carrillo Salcedo. Es imposible negar que existen otras interpretaciones pero, como se verá, tiene un fundamento sólido en interpretaciones autorizadas de instituciones internacionales: por ejemplo, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su Observación general número 21, de 1996, Recomendación general Nº XXI relativa al derecho a la libre determinación» y de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, en el informe «Autodeterminación y secesión en Derecho constitucional», hecho público el 12 de enero de 2000.

Recuerda quien fuera uno de los más notables iuspublicistas europeos la clásica distinción entre dos dimensiones del derecho de autodeterminación en la evolución del Derecho internacional público contemporáneo, en el marco del sistema de la ONU. Una, la que podríamos llamar «autodeterminación interna», esto es, aplicado a nuestro problema, el proceso que consiste en vencer las limitaciones que impone la pertenencia al Estado español respecto al pleno desarrollo de la identidad cultural catalana, limitaciones que hay que elucidar si podrían ser superadas o no por vía de reformas constitucionales del modelo de Estado español. Otra, muy distinta, es la «autodeterminación externa». Aquí sí que está en juego el principio de soberanía en sentido estricto, pues se refiere al derecho de los pueblos a determinar libremente su lugar en la comunidad internacional de Estados, de acuerdo con el principio de igualdad soberana que arranca de la prohibición del colonialismo y de la dominación y explotación extranjeras, pero es obligado reconocer que la evolución del Derecho internacional público ha ampliado los sujetos de autodeterminación externa, en función de una interpretación extensiva de la noción de pueblo."