Movimiento en el frente judicial del proceso soberanista. El Tribunal Supremo ha retirado la orden europea de detención y entrega que emitió la Audiencia Nacional el pasado 3 de noviembre contra Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas. Uno de los motivos es que la Justicia belga podría limitar los delitos por los que encausar a Puigdemont y a los exconsellers y no exponerles a la rebelión y la sedición que se investiga en España.
El magistrado Pablo Llarena fundamenta la retirada de la euro–orden en tres elementos. En primer lugar, la "intención" de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret de volver a España para tomar posesión de su acta de diputado (todos ellos son candidatos de JxCat o ERC el 21D). Asimismo, el magistrado argumenta el carácter "plurisubjetivo" del delito de rebelión, esto es, que en los hechos delictivos que se investigan han participado más de dos personas.
En este sentido, el magistrado remarca lo que ya apuntó en el auto por el que mantuvo en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los 'Jordis': que los investigados, tanto los que huyeron a Bélgica como los que se quedaron en España, actuaron de común acuerdo y "en concierto" para llevar a cabo la independencia de Catalunya bien por vías pacíficas o violentas. En consecuencia, la investigación penal "debe ser llevada de manera unificada, pues de otra manera se podría conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes".
