Y todo esto en el contexto de la guerra que hay entre anticorrupción y la Lola. Delicioso.
Anticorrupción abre una investigación por los contratos vinculados a Sánchez, Calviño e Illa
El PP denunció el pasado marzo las supuestas irregularidades en las adjudicaciones y ayudas a siete empresas vinculadas con miembros del Gobierno por valor de 326 millones
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentada por el PP madrileño sobre supuestas irregularidades en las adjudicaciones y ayudas a siete empresas por valor de 326 millones. El partido de Isabel Díaz Ayuso denuncia entre otras cuestiones las subvenciones a Playbol, "vinculada a los padres del presidente del Gobierno", y un contrato adjudicado a Beedigital, "vinculada con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño". El PP también apunta a la posible influencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del de Sanidad, Salvador Illa, en siete contratos de la pandemia.
En un decreto hecho público este viernes, el departamento que dirige Alejandro Luzón indica que valorará si del relato del PP y la documentación contienen "elementos que nos permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación solicitadas por el denunciante". Pese a ello, advierte de que la denuncia "nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos". Apoyándose en este razonamiento, la Fiscalía considera necesario realizar "algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados". "Y ello debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia". Las indagaciones no pueden llevarse a cabo sin antes incoar diligencias de investigación penal, paso que ha dado ahora Anticorrupción. El hilo conductor de las denuncias se centra en las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador. En cuanto a las irregularidades, se centran en la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y "la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos". "Estas conductas, a las que a continuación nos vamos a referir de manera individualizada por sociedad, pudieran constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".
