El Ministerio de Consumo ha multado con 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por llevar a cabo "prácticas abusivas" contra sus inquilinos. El ministro Pablo Bustinduy ha ratificado definitivamente la propuesta de sanción millonaria que hizo el pasado diciembre contra la inmobiliaria, que, tras haber agotado todas las vías administrativas para recurrir, tendrá que pagar esa cuantía por "vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado".
La multa, por tanto, "ya es firme", tal y como señalan desde el departamento de Bustinduy, tras haberse resuelto el recurso de alzada que presentó la empresa de gestión de alquileres, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.
El Gobierno concluye que Alquiler Seguro ha cometido "una sanción grave y seis infracciones muy graves" que han derivado en esta multa de casi cuatro millones. En primer lugar, por imponer a los arrendatarios la contratación de un "Servicio de Atención al Inquilino", que el Ejecutivo entiende como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato (algo que está prohibido desde la última Ley de vivienda). También se le sanciona por obligar a los inquilinos a firmar un contrato de seguro de hogar "en beneficio de la parte arrendadora"; y por fijar una cláusula que obligaba al arrendatario a asumir los costes de reclamación de cualquier deuda, aún cuando esta no fuera responsabilidad suya.
Se detectaron, además, otras tres infracciones: cobrar al inquilino gastos por reclamaciones judiciales incluso cuando no haya sido condenado a pagar las costas; incluir una cláusula que permite a la inmobiliaria inscribir al arrendatario en ficheros de morosos por cualquier impago, independientemente de su causa y aunque la deuda no sea aún exigible; y suprimir el derecho del inquilino a desistir del contrato del Servicio de Atención al Inquilino.
Consumo recuerda que la ley de vivienda de 2023 prohíbe "expresamente" trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliario y de formalización del contrato. Una ley en la que, según insiste, queda muy claro que estas cláusulas o prácticas podrán desembocar en infracciones graves o muy graves, "como ha ocurrido". Una de las infracciones muy graves conlleva el pago de un millón de euros y otra, de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. Así, en total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.
La inmobiliaria deberá "rectificar"
La resolución ratificada por Bustinduy implica además otras dos sanciones "accesorias", más allá de esta multa económica. La inmobiliaria deberá "rectificar" los incumplimientos detectados, eliminando las cláusulas abusivas que ha identificado el ministerio; y también estará obligada a "hacer pública la multa impuesta", la razón social de la persona jurídica responsable (Alquiler Seguro S.A.U) y la "índole y naturaleza" de la infracción.
"Este expediente se puso en marcha en marzo de 2025, y se abrió otro por hechos similares cuya investigación sigue en marcha, después de que la Dirección General de Consumo recibiera denuncias sobre este tipo de acciones por parte de FACUA Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)", zanja Consumo.
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