El PSOE y sus socios registran una reforma para sancionar a los pseudomedios en el Congreso
La iniciativa se ha acelerado en las últimas semanas tras los incidentes protagonizados por Vito Quiles y Bertrand Ndongo.
PP y Vox se desmarcan de la reforma, que cuenta con las firmas de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria y al que Podemos también ha anunciado su adhesión.
Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, Vox y UPN, han registrado este viernes un texto para la modificación del Reglamento del Congreso "con el que establecer unas normas de convivencia y garantizar la labor de las y los profesionales de la información".
Esta reforma se ha acelerado en las últimas semanas, como destacó este medio, tras los últimos incidentes protagonizados por personas acreditadas en la Cámara Baja como Vito Quiles o Bertrand Ndongo. Una semana después de ello, decenas de periodistas se concentraron a las puertas del Congreso para leer un manifiesto con el lema "Señalar no es informar" y exigir a los partidos que tomaran medidas.
El texto ha sido firmado por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Podemos también ha anunciado su adhesión. La iniciativa recoge por primera vez unas "reglas para que puedan desarrollar su trabajo en función de criterios deontológicos y de respeto", según han informado fuentes socialistas.
Las mismas fuentes destacan que la reforma del artículo 98 del reglamento "da respuesta a la petición de regulación expresada por cientos de profesionales que cada día hacen su trabajo en dependencias de la Cámara". Ahora, una vez admitida a trámite por la Mesa del Congreso, seguirá todas las fases parlamentarias a fin de que se puedan incorporar enmiendas que enriquezcan el texto final antes de ser aprobado por el Pleno de la Cámara.
En la exposición de motivos del texto se señala que "las personas que se dedican al periodismo parlamentario están viendo perturbado gravemente el ejercicio de su derecho a la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento".
Entre las novedades que incluye la reforma se encuentra la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. Estará formado por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y contará con la presencia de entidades representativas de los colectivos profesionales en el ámbito de la información. La Mesa de la Cámara regulará el funcionamiento y el régimen de adopción de acuerdos de este órgano.
Infracciones y sanciones
En la iniciativa parlamentaria se establecen tanto infracciones como sanciones. Las primeras podrán ser de cáracter leve, grave o muy grave. Serán leves omitir información requerida en la solicitud de la credencial o el acceso a espacios de uso común del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin autorización.De carácter grave se considerarán "interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación"; "la publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable" o "cualesquiera otros comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación". También será penalizada la reiteración de infracciones leves.
Las infracciones calificadas como "muy graves" son la inclusión de información falsa en un elemento esencial de la solicitud de la credencial; "la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo", así como "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma".
Tampoco estará permitido la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios. Precisamente esto sucedió hace unos años con el periodista de Okdiario Segundo Sanz, que grabó de manera oculta los despachos de Irene Montero y Pablo Iglesias. La Mesa del Congreso decidió retirar su acreditación de manera temporal pero el Tribunal Supremo lo anuló. Con una reforma parlamentaria de este tipo se espera un blindaje jurídico al respecto.
Las sanciones establecidas para las infracciones leves serán primero un apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles. Las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses. Y las infracciones muy graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial.
En la proposición también se incluye un punto que especifica que cualquiera de las sanciones anteriormente descritas "se impondrán al representante del medio de comunicación que hubiera llevado a cabo la infracción". En el caso de las faltas graves o muy graves, "el medio de comunicación representado por la persona sancionada no podrá sustituirla por otra durante el tiempo que dure la suspensión de la credencial".
Además, concreta que, en el caso de que en una información que haya comportado una sanción no se indique la autoría, "se suspenderán todas las credenciales vinculadas a dicho medio de comunicación de entre seis meses a tres años". Se evitaría así que eventuales infractores publiquen informaciones no periodísticas sin autoría para esquivar el nuevo Reglamento.
Esta propuesta, como cualquier otra, tendrá que superar todo un proceso de enmiendas, aunque al contar con el apoyo de una mayoría suficiente de grupos parlamentarios —la correspondiente al bloque de investidura—, no tendrá problemas para superar la tramitación. Una vez culminada, esta reforma será de obligado cumplimiento, toda vez que el Reglamento del Congreso de los Diputados tiene rango de ley.
