La Administración paga el "sueldo" de 19 millones de españoles, 5 millones más que el sector privado
El sector público se ha confirmado como la mayor «empresa» de España. Y lo es desde hace ya más de dos décadas, cuando allá por el año 2009, con los mandos del Gobierno en manos de José Luis Rodríguez Zapatero, el volumen de los ciudadanos que obtienen algún tipo remuneración directa por parte de las Administraciones Públicas supera claramente al número de asalariados integrados en el sector privado. Por tanto, la nómina que debe afrontar el Estado engorda cada año y lo hace a la misma velocidad de crucero que marcan las recesiones, la inflación y el coste de la vida. Subsidios, prestaciones por desempleo, pensiones, sueldos de los funcionarios, perceptores del ingreso mínimo vital... La lista parece interminable y su proporción se ha disparado con las últimas tres crisis –la Gran Recesión, la pandemia del Covid y la guerra de Ucrania–, lo que ha sumado más peso a la factura en las cuentas públicas, que ya afronta el importe más alto de la historia.
Ahora mismo, 19,3 millones de españoles dependen directamente de lo que cobren del Estado, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, mientras que los que lo hacen del sector privado apenas superan los 14,3 millones, un desfase de 5 millones de personas. Es decir, que cada trabajador del sector privado debe sostener a 1,3 personas que están amparados por el sector público.
Una brecha que, a pesar de los buenos datos acumulados de recuperación del empleo privado tras la pandemia, no ha dejado de crecer. Ateniéndonos a la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se contabilizan 20,7 millones de ocupados –en el mes de agosto se perdieron 185.000 afiliados a la Seguridad Social–, incluidos los 14,3 millones de asalariados del sector privado, un desfase de más de 6 millones de afiliados que se entienden por los que están integrados en el sector público y los autónomos. Según los últimos datos del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) 1,7 millones, de personas reciben recibe algún tipo de prestación contributiva por desempleo, subsidio, renta de inserción y ayudas –como la de los eventuales agrarios o de las empleadas del hogar–.
Además, el Estado tiene en nómina a 3,5 millones de empleados públicos –entre funcionarios de carrera, interinos y temporales– según la EPA, aunque el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas solo reconoce que tiene en plantilla 2,7 millones, incluidas tanto la Administración central, como la autonómica y la local.
A estos números habría que sumar los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que el Ministerio de Seguridad Social afirma que ha alcanzado a 1,8 millones de personas, correspondientes a 672.000 hogares. Sin embargo, instituciones como la Airef o el Banco de España dudan de esas cifras y han reducido su impacto a solo 280.000 hogares, aunque las oficiales siguen marcando la estadística. Se suman 600.000 beneficiarios de rentas mínimas de inserción autonómicas.
Y la traca final llega por el lado del sistema de pensiones. Según la Seguridad Social, a 1 de agosto estaban registrados en el sistema 9,1 millones de pensionistas contributivos. La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio los 12.000 millones de euros y en agosto alcanzó el récord de 12.039 millones. A este ritmo, a final de año la factura a pagar habrá superado de largo los 144.000 millones de euros. Hay que sumar medio millón de pensiones no contributivas, 700.000 pensiones de clases pasivas para funcionarios y casi un millón y medio de beneficiarios de prestaciones por dependencia.
Si mira la masa salarial –la que corresponde a los sueldos y cotizaciones de funcionarios y políticos– que debe afrontar el Estado este año, superará los 153.000 millones de euros, casi 6.300 millones más que en 2022, con un aumento del 4,2% respecto al año anterior y casi medio punto por encima del 3,8% de aumento del gasto público total para el presente ejercicio. El coste de pensionistas y funcionarios superará pues los 297.000 millones de euros.
